/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/abccolor/63KJJNDAWRFKBNPBOJ7OTDUUJY.jpg)
Cargando...
La Intendencia había recepcionado la resolución Nº 20/2021 por la cual la Junta Municipal “autorizaba” a Nelson Cano suscribir un convenio entre la institución municipal y la firma iCrop, pese a la ilegalidad.
Lea más: iCrop insiste sobre “legalidad” de tragamonedas en negocios donde está prohibido su uso
El dictamen del Asesoría Jurídica recomienda un análisis jurídico con las posiciones institucionales de la Contraloría General de la República y la Asesoría jurídica de Conajzar a fin aclarar los alcances de la resolución que beneficia a dicha firma.
Igualmente, sugiere instalar una mesa de trabajo que involucre a la Contraloría General de la República, Secretaría de la Niñez, la Conajzar y representantes de Icrop S.A., además de directores de colegios y usuarios de tragamonedas.
El convenio que pretendían suscribir atenta contra la propia autonomía municipal y otras normativas. El pedido lo hicieron los ediles Jhon Florentín, Celestino González, Yessica Caballero, Milciades Dávalos, Julio Escobar, David Monzón; además del concejal independiente Alcides Azcona.
Lea más: CDE “legalizó” el uso de tragamonedas
La polémica resolución había derivado en manifestaciones de los explotadores de las máquinas electrónicas, considerando que la empresa iCrop los censaría para cobrar la suma de G. 300.000 guaraníes por la habilitación de cada máquina, de los cuales una ínfima suma iría a las arcas de la Municipalidad.
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) había contratado de forma directa a la firma iCrop S.A., para “legalizar” los tragamonedas, pese a que está prohibida su explotación fuera de los sitios destinados exclusivamente para el efecto.