La imputación también alcanza a otras diez personas, quienes son sindicadas como supuestos cómplices dentro de la misma causa. Estos son: Sebastián Martínez Insfrán, Sonia Barrios Ramírez, Walter García Méndez, Salem Esgaib Zugaib, Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, Valeria Fabiana Romero, Hugo Benítez Vázquez, Karen González Vergara, Fredy Guzmán Martínez y Cinthia Noelia Alen Guerrero, todos señalados como presuntos cómplices.
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De acuerdo con la investigación fiscal, entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 se habrían realizado transferencias de fondos municipales al Consejo Local de Salud que luego fueron utilizadas para obras y refacciones dentro del hospital.
Los investigadores sostienen que existirían diferencias entre los montos pagados y las obras realmente ejecutadas, lo que habría generado un daño patrimonial estimado de Gs. 757.166.276.
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Las obras cuestionadas habrían sido realizadas principalmente por las empresas SERVMAQ, vinculada a Fredy Guzmán Martínez, y M&M Constructora, representada por Cinthia Noelia Alen Guerrero.
Según la imputación, durante su gestión como intendente, Prieto habría autorizado diez transferencias de recursos al Consejo Local de Salud mediante distintas resoluciones municipales. Los fondos provenían de ingresos generados en la Terminal de Ómnibus de la ciudad y estaban destinados a aportes para entidades sin fines de lucro.
Posteriormente, el Consejo Local habría contratado a las empresas constructoras para realizar diversas obras dentro del hospital, como remodelaciones, ampliaciones y la construcción de pabellones utilizados durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
El Ministerio Público sostiene que estos proyectos se ejecutaron sin la debida fiscalización técnica municipal, sin dictámenes que certifiquen la correcta ejecución de los trabajos y sin los mecanismos de control exigidos por las normativas administrativas vigentes.
Origen de la denuncia
La causa se inició tras una denuncia presentada en 2020 por el entonces concejal municipal Celso ‘Kelembú’ Miranda, quien alertó sobre una supuesta sobrefacturación en la construcción de un pabellón de contingencia de aproximadamente 300 metros cuadrados destinado inicialmente a pacientes con COVID-19, espacio que actualmente funciona como Unidad de Terapia Intensiva Infantil.
Tercera imputación
Se trata de la tercera imputación que afronta Miguel Prieto Vallejos, líder del Partido Yo Creo. Con anterioridad ya había sido procesado en las causas conocidas como Caso Tajy y Caso Tía Chela.
En el primero, el líder del movimiento Yo Creo está investigado por una presunta compra simulada de insumos destinados a la elaboración de panificados por un monto aproximado de G. 306 millones. En tanto, el denominado caso “Tía Chela” es por la supuesta adquisición irregular de alimentos durante la pandemia.
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Prieto manifestó en varias ocasiones que las causas abiertas en su contra responden a motivaciones políticas y no judiciales, y sostiene que buscan frenar su candidatura a la Presidencia de la República en el año 2028.