La fiscala Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes en Alto Paraná, demostró la autoría de ambas mujeres mediante testimonios, documentos, pericias y evidencias materiales que fueron expuestos ante el Tribunal de Sentencia.
Según los antecedentes del caso, una de las mujeres retiró a la menor de su hogar, ubicado en el Kilómetro 13 Acaray de Minga Guazú, y la trasladó inicialmente a un establecimiento situado en el kilómetro 14 del mismo distrito. Allí, la víctima fue sometida a trabajos de servidumbre y maltratos, además de ser obligada a vender pan y pedir limosnas, antes de ser llevada a su destino final en Luque, bajo la custodia de la otra acusada.
En ese lugar, la menor sufrió un régimen de servidumbre, trabajos forzados y castigos físicos denigrantes. Los informes relatan agresiones sistemáticas y la obligación de realizar tareas domésticas extenuantes hasta altas horas de la madrugada. Las sindicadas mantuvieron a la víctima incomunicada y le prohibieron regresar con su familia, recurriendo a amenazas constantes para asegurar su control.
El Ministerio Público detectó que las acusadas incluso coaccionaron a la víctima para mentir a sus familiares sobre su situación personal y justificar su permanencia con las supuestas religiosas.
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Los informes médicos y psicológicos confirmaron el daño sistemático infligido durante el tiempo que permaneció con las encausadas. Tras la denuncia, la Unidad Especializada activó los protocolos de protección integral para resguardar a la adolescente.
La representación pública logró la detención de las involucradas, quienes enfrentaron el juzgamiento en el que se determinó su responsabilidad y las sanciones correspondientes conforme a la ley.