Surgen más dudas acerca de contrato sobre anfiteatro de San Bernardino

Una serie de cuestiones llamativas sigue surgiendo con respecto al contrato de arrendamiento del Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino. La municipalidad percibió G. 400 millones por ceder ese establecimiento durante siete años. Un solo subarrendatario pagó casi el doble a quien explotaba el lugar.

La Municipalidad de San Bernardino detectó una serie de incumplimientos contractuales con respecto al anfiteatro.
La Municipalidad de San Bernardino detectó una serie de incumplimientos contractuales con respecto al anfiteatro.

El asesor jurídico de la Municipalidad de San Bernardino, Diego Fernández, manifestó que descubrieron una serie de cuestiones llamativas con respecto al contrato de arrendamiento del Anfiteatro José Asunción Flores. Una de ellas es que con un solo contrato de subarrendamiento, la persona que explotaba el lugar para presentaciones artísticas ya duplicó el monto que había pagado a la Comuna.

El contrato del anfiteatro

El contrato de arrendamiento del icónico predio cultural fue firmado en 2016 entre el entonces intendente de San Ber, el colorado Luis Aguilar, y un ciudadano de nombre Néstor David Martínez Britos.

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Según se puede ver en el documento, la municipalidad concedió el usufructo del anfiteatro por siete años. A cambio, debía recibir un canon de G. 400 millones por todo ese periodo.

Es decir, el arrendatario debía entregar G. 4.750.000 mensuales. A cambio de ese dinero, según consta en el contrato, el mismo podía volver a subarrendar la utilización del predio y percibir de forma exclusiva todos los beneficios económicos.

Comuna de San Bernardino nada sabe del hombre

Fernández dijo ayer a ABC Cardinal 730 AM que no tienen mayores datos sobre Martínez Britos, quien alquilaba el establecimiento. “Es una persona que vive en Asunción y que se presentó con una oferta de seguro interesante para las autoridades del momento”, refirió el abogado.

Admitió que la comunicación entre el arrendatario y la municipalidad “no existía”, y que aquel ciudadano no rendía cuentas de cuánto cobraba por los eventos que se realizaban en la sede.

Arrendatario gana casi el doble con un local

En el contrato de arrendamiento, la Comuna de San Bernardino entregó la posibilidad de que Martínez Britos subarrendara el predio, dejándole todos los beneficios económicos que ello representara.

El funcionario relató que sí tuvieron acceso a un contrato de subarrendamiento, en virtud a que una empresa se acercó a solicitar su patente comercial. Mediante eso supieron que una discoteca pagó un subarriendo de G. 780 millones, por cuatro años.

Es decir, que un solo local le pagó casi el doble y por menos tiempo de subarrendamiento.

Con relación al año que aún falta para que venza el contrato de alquiler con aquel misterioso arrendatario, el asesor jurídico mencionó que la municipalidad está abierta a una conversación y a devolverle el importe equivalente al año de contrato que falta cumplir.

Por otro lado, Diego Fernández destacó que hay ciertos usos que están prohibidos actualmente para el anfiteatro. Por ejemplo, ya no se puede utilizar para discotecas.

“Eso se decidió ahora por la alta densidad de población del lugar. Estudios técnicos dicen que hay muchas residencias en el lugar y ya no son compatibles con discotecas”, especificó.

El lugar podrá ser utilizado para la realización de eventos culturales, pero con horario limitado hasta la 01:00. Ese tope de horario no incluye a las discotecas y otros locales nocturnos, los cuales serán trasladados a otras áreas de la villa veraniega.

El citado abogado adelantó que uno de los locales que subarrendaba parte del predio del anfiteatro ya presentó un amparo para poder seguir operando en el lugar.

Constataron abandono

Fernández relató además que la rescisión del contrato de arrendamiento se produjo luego de que se detectara una situación de abandono del predio del anfiteatro (ver facsímil).

“Tenemos registros donde se nota el abandono del lugar. Falta de mantenimiento de estructuras, aberturas. Además, también influyó la cuestión de que subarrendaban el espacio y se construyeron infraestructuras sin autorización”, dijo.

Además, señaló que intimaron a que Martínez Britos entregue los contratos de subarrendamiento para cumplir con el pedido de informes de la Contraloría y no descartó “daño patrimonial”.

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