La Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) instó “a las autoridades de Nicaragua a asegurar los espacios para que las personas se reúnan pacíficamente y expresen libremente sus opiniones, garantizando su seguridad, conforme sus obligaciones”.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó “nuevamente al Estado de Nicaragua a respetar el derecho a la protesta social, una de las formas de ejercer el derecho de reunión y de libertad de expresión. El Estado debe asegurar el derecho a la manifestación sin represalias”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) advirtió que la Constitución local “reconoce el derecho de concentración, manifestación, y movilización pública y la Policía debe respetarla”.

Los llamados fueron emitidos luego de que la Policía de Nicaragua ejecutó un extenso despliegue de agentes en la vía, por donde los estudiantes pretenden marchar hoy. El despliegue está compuesto por patrullas fuertemente armadas, en su mayoría con fusiles AK-47, con vehículos todoterrenos, calabozos móviles, motocicletas, autobuses, microbuses o a pie.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Policía de Nicaragua, que sí permitió que grupos oficialistas conmemoraran el Día Nacional del Estudiante, se acantonó con antimotines, grupos elites contra el crimen organizado, agentes entrenados para enfrentar a pandilleros y técnica canina.

Los estudiantes, que desde 2018 reclaman la renuncia del presidente Daniel Ortega, pretenden conmemorar la llamada “masacre” del 23 de julio de 1959, cuando la dictadura somocista ordenó un ataque contra una manifestación estudiantil, que dejó cuatro universitarios muertos en la ciudad de León.

La efeméride tomó relevancia en 2018, por nuevos ataques armados, esta vez del Gobierno de Ortega, que han dejado cientos de muertos, entre ellos decenas de estudiantes universitarios y colegiales, según diversos organismos humanitarios.

La Policía prohíbe las protestas contra Ortega y no admite que se cante el himno nacional, ni que se muestre la bandera de Nicaragua, pese a las críticas porque la medida contradice la Constitución.

Según la CIDH, que ha señalado al Gobierno de Nicaragua como responsable de crímenes “de lesa humanidad”, al menos 326 personas han muerto en el marco de la crisis. Organizaciones humanitarias locales cuentan 594 y el Gobierno reconoce 200.