El caso, revelado a principios de este año, opacó la imagen de chico de oro que ha tenido el primer ministro, costó el empleo a dos ministros y a dos altos funcionarios y sumió a los liberales en un empate en las encuestas con los opositores Conservadores.

El comisionado independiente de ética parlamentaria, Mario Dion, dijo que Trudeau y sus funcionarios habían tratado erróneamente de “ejercer influencia sobre la fiscal general en su decisión de intervenir en un asunto relacionado con un proceso penal” .

Trudeau deberá pagar una pequeña multa de hasta 500 dólares canadienses (US$ 375) por contravenir el acta de conflicto de intereses de Canadá, aunque los costos políticos serán mucho mayores a sólo dos meses de las elecciones nacionales.

El primer ministro ha rechazado categóricamente las acusaciones de que su círculo íntimo trató de proteger a SNC-Lavalin de un juicio por corrupción.

La firma con sede en Montreal fue acusada en 2015 de pagar supuestos sobornos para asegurar contratos en Libia.

La exfiscal general Jody Wilson-Raybould se negó a pedir a los fiscales que dejaran el caso, y el juicio está listo para continuar.

Pero después de su renuncia, ella testificó ante los legisladores que había sufrido una presión política “consistente y sustancial” para intervenir en el caso, incluyendo “amenazas veladas”.

Dion concluyó: “La autoridad del primer ministro y su oficina fue usada para eludir, socavar e intentar desacreditar la decisión del director de la fiscalía pública igual que la autoridad de la Sra. Wilson-Raybould” .

El comisionado también encontró que “los intereses políticos partidistas fueron puestos de manera indebida en manos de la fiscal general para su consideración en el asunto” , en particular que una sentencia en el juicio resultaría en la privación de lucrativos contratos gubernamentales para SNC-Lavalin, que impactaría en la pérdida de puestos de trabajo y que a su vez esto perjudicaría la candidatura a la reelección de los liberales.