Janot, que dirigió el Ministerio Público Federal entre 2013 y 2017, dijo el jueves al periódico que llegó a acudir armado a una audiencia del Supremo con la intención de matar a tiros a Gilmar Mendes, uno de los once magistrados que componen el máximo tribunal del país.
“No iba a ser una amenaza, iba a ser un asesinato. Iba a matarle (a Mendes) y después me iba suicidar”, señaló al comentar al rotativo su momento más tenso como fiscal general de Brasil. Janot pensó en cometer el crimen después de que el citado juez difundiera, según él, “una historia mentirosa” sobre su hija al intentar apartarle de la instrucción de un proceso judicial. “Eso me sacó de mis casillas”, indicó.
Antes de dejar el cargo, en mayo de 2017, Janot solicitó que Mendes no analizase un recurso de “habeas corpus” interpuesto por el exmagnate brasileño Eike Batista, condenado por corrupción, con el argumento de que la mujer del magistrado trabajaba en el mismo bufete que defendía a Batista. Como respuesta, Mendes afirmó que la hija de Janot defendía a la constructora OAS, implicada en la vasta trama corrupta destapada en la petrolera estatal Petrobras, en un proceso en el Consejo de Administración de Defensa Económica (CADE), órgano de combate a los monopolios en Brasil.
Para Janot, el magistrado “inventó” esa “historia” de que su hija era abogada del área penal. “Mi hija nunca fue abogada del área penal”, sentenció. El entonces fiscal general relató que fue al Supremo armado y que, antes de comenzar la sesión, se encontró con Mendes en una sala de la corte, en Brasilia. “Estaba solo, pero fue la mano de Dios. Fue la mano de Dios”, que impidió materializar su pensamiento, aseguró a “O Estado de Sao Paulo” .
Janot fue un fiscal general comprometido con combatir los múltiples casos de corrupción en Brasil. Puso en marcha la Operación Lava Jato, que investiga desde hace cinco años la red de corrupción en Petrobras, y ha llevado a prisión a decenas de empresarios y políticos. Presentó duras acusaciones contra los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) , preso por corrupción desde abril de 2018; Dilma Rousseff (2011-2016) y Michel Temer (2016-2018) , contra este último mientras ejercía la presidencia por medio de dos denuncias que fueron archivadas por el Congreso.