El recurso en cuestión es un habeas corpus presentado por un exgerente de la estatal Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, que argumenta que el criterio procesal que establece que los delatados hablan después de los delatores no fue respetado en el juicio donde fue condenado, con lo que no tuvo derecho a una plena defensa.

El STF ya aprobó en agosto un habeas corpus similar y anuló por primera vez una condena de Lava Jato: la del expresidente de Petrobras Aldemir Bendine.

La semana pasada, seis de los once jueces del STF formaron mayoría para aprobar también el de Almeida Ferreira.

Lo que decidirán este miércoles es el alcance de este veredicto, es decir, si se aplica con carácter retroactivo y en qué casos, lo cual podría suponer el mayor golpe recibido hasta ahora por la operación Lava Jato.

Los fiscales advierten de que la decisión que adopte la alta corte podría derivar en “la anulación de 32 sentencias que implican a 143 de los 162 condenados” en esta megaoperación que desarticuló un esquema de corrupción en torno a Petrobras, con lo cual sus casos volverían a la fase de alegaciones finales, etapa previa a la sentencia de primera instancia, y algunos (en función de las reglas que se establezcan) podrían ser liberados.

Sin embargo, el presidente del tribunal, José Antonio Días Toffoli, ya defendió públicamente crear un límite para atenuar el alcance de la decisión.

- “No canjeo mi libertad”

Entre las condenas anuladas podría estar una de primera instancia que afecta al expresidente Lula, de 73 años, en el llamado caso “Sitio de Atibaia” , por el que fue sentenciado a 12 años y 11 meses de cárcel.

El patriarca de la izquierda brasileña (2003-2010) está cumpliendo desde abril de 2018 en Curitiba (sur) una pena de ocho años y diez meses, tras ser declarado culpable -en otro caso, ya juzgado por tribunales superiores- de haberse beneficiado de un apartamento tríplex en el litoral paulista puesto a su disposición por una de las constructoras involucradas en el escándalo de sobornos de Petrobras.

La eventual decisión del STF probablemente no afectaría a ese caso y por tanto no significaría la liberación de Lula, según explicaron juristas consultados