La decisión fue adoptada “con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos”, dijo el mandatario.
La medida se produce además en momentos en que los transportistas bloquean carreteras en varias zonas del país en rechazo a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Los derechos se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país, la generación de trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas”, señaló el gobernante.
Reiteró la apertura al diálogo y dijo que en su Administración siempre estarán “dispuestos a ceder espacios que no comprometan, bajo ninguna circunstancia la ética y la moral, la transparencia con la que se ha conducido siempre este Gobierno”, dijo.
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Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el estado de excepción es para garantizar el normal desenvolvimiento del país, donde hoy se registraron varias marchas de protestas, algunas de ellas violentas.
Según Romo, en esta jornada se han registrado once detenciones por las manifestaciones que comenzaron a la madrugada cuando entraron en vigor los nuevos precios del diesel y de la gasolina conocida como “extra”, la de mayor consumo en el país.
El pasado martes Moreno firmó un decreto para eliminar desde hoy los subsidios al diésel y a la gasolina “extra”, con lo cual el precio estará ahora en función de los valores internacionales.
Y en ese sentido, los escenarios que se prevén denotan que el galón de diesel podría pasar de 1,03 dólares a 2,27, mientras que la gasolina extra, de 1,85 a 2,30 dólares.
Largas filas de vehículos se registraron el miércoles en las estaciones de servicio pues los conductores intentaban abastecerse de combustible antes de que subieran los precios a la medianoche, cuando ya cambiaron los valores.
A las manifestaciones de los transportistas se sumaron organizaciones sociales, indígenas y estudiantes universitarios que rechazan lo que tildan de “paquetazo”.
El paquete de medidas anunciadas por el Gobierno responde a las necesidades de liquidez de Ecuador, que el pasado marzo obtuvo de diferentes organismos internacionales una línea de crédito de más de 10.000 millones de dólares.
El acuerdo con el FMI, que aportó 4.200 millones, venía acompañado de una serie de demandas para reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado, lo que ha despertado la indignación de los sindicatos y sectores desfavorecidos.
