Indígenas doblegan al presidente de Ecuador en una batalla sin vencedores

QUITO. El movimiento indígena doblegó al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y le obligó a derogar el polémico decreto que elevaba el precio de los combustibles, poniéndole a él y a Ecuador entre la espada y la pared frente al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un grupo de personas usa mascarillas sanitarias en las labores de limpieza de los escombros dejados por los disturbios en Quito.
Un grupo de personas usa mascarillas sanitarias en las labores de limpieza de los escombros dejados por los disturbios en Quito.Bienvenido Velasco

El 883 pasará a la historia para muchos ecuatorianos como el decreto que condujo a la peor ola de violencia social en los últimos años, una situación que para muchos pudo preveerse y haber hecho colapsar toda la institucionalidad.

Los once días de protestas no han dejado ni mucho menos vencedores en el campo de batalla política, y de hecho parece que sólo hay perdedores.

“Posiblemente, los actores centrales en este conflicto hayan subestimado la capacidad de actuación del otro”, valoró para Efe el analista Daniel Kersffeld un día después de que las partes principales alcanzaran un acuerdo para revisar toda la estrategia del Gobierno frente al organismo financiero.

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Para Kersffeld, el Gobierno no pensó que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) “arrastraría a Quito a más de 20.000 indígenas, ni que tendría energías suficientes para afrontar una huelga de tantos días de duración y capacidad de acciones simultáneas en todo el país”.

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“El movimiento indígena, igualmente, subestimó la capacidad de respuesta por parte del Gobierno: el nivel de represión de los últimos días es inédito en la historia de un país trazado por reiteradas convulsiones sociales”, puntualizó.

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El acuerdo responde, a su juicio, a que ambas partes empezaron a dar “signos de debilitamiento y de reprobación creciente por parte aquellos sectores que optaron por mantenerse fuera del conflicto”.

Los destrozos y pérdidas ocasionadas por la paralización del país -los indígenas cerraron las principales vías causando desabastecimiento- y el alto número de víctimas por la represión policial de las protestas -entre 5 y 7 muertos y un millar de heridos-, no son los únicos daños.

Una funcionaria decía este lunes a Efe, sin dejarse identificar, que se había “resquebrajado también el tejido social” y que habrá que ver ahora como sanar la heridas que deja este conflicto.

Heridas que tienen raíces también en la vieja batalla entre ‘morenistas’ y ‘correístas’, los dos grandes bloques políticos que encabezan el presidente Moreno y su predecesor Rafael Correa, porque mucho más allá del precio de los combustibles, las revueltas han sido una mezcla de intereses.

“La conexión entre indígenas y manifestantes violentos no es real. Los otros se han montado sobre la protesta indígena, abusando de esta que tenía reivindicación específicamente económica, causando el caos”, explicó a Efe el ministro de Exteriores, José Valencia.

Pese a que también tomaron parte en actos de saqueo y vandalismo, el Gobierno ha exonerado de responsabilidad al movimiento indígena, y volcado toda culpa de violencia en el correísmo.

“El Gobierno no podía abrirse dos frentes, así que mejor el correísmo, pero los indígenas son más manipuladores que los otros, y manipulan a organizaciones de derechos humanos y hasta medios internacionales que les hacen aparecer como pobrecitos”, dijo a Efe el politólogo Santiago Basabe.

Recordó los exaltados discursos de sus líderes a lo largo de toda la protesta, en los que llegaron a llamar “patojo” (cojo) a Moreno, quien va en silla de ruedas. Explicó también el fenómeno en que no es “políticamente correcto” culpar a los indígenas porque ello arrastra inmediatamente acusaciones de “racismo”.

En una valoración sobre vencedores y vencidos, Basabe ve “mayor cohesión” en el movimiento indígena, que “ha vuelto a ser un factor importante como antes del ‘correísmo’”, pero cree que “han perdido legitimidad ante la población mestiza que no estuvo de acuerdo” con sus acciones violentas y la paralización del país.

También Kersffeld ve que la Conaie ha ganado peso como “actor de resistencia”, pero no “una fuerza política capaz de torcer de manera directa la voluntad del Gobierno”.

“La legitimidad de su protesta se sitúa en su condición histórica de miseria y atraso, en el estigma político y social”, afirmó.

Ambos coincidieron en que el ‘correísmo’ ha perdido fuerza para convertirse en blanco de las acusaciones, y sobre todo en que el Gobierno puede verse muy debilitado a partir de ahora e incapaz de sacar adelante las reformas para seguir recibiendo la ayuda del FMI.

“Moreno se encuentra seriamente debilitado y sus principales cuadros políticos están severamente impugnados por buena parte de la opinión pública”, indica Kersffeld.

Por su parte, Basabe ve difícil que en las condiciones creadas el Gobierno tenga algo que ofrecer para satisfacer la demanda del FMI de recortes y mayores ingresos de impuestos, porque no podrá sacar adelante la reforma fiscal y, quizás mucho menos, la laboral.

En esas circunstancias, los prometidos préstamos podrían ser interrumpidos, lo que sería un duro golpe a la fiscalidad nacional.

“Moreno se quedó en el aire a esperar que pase el tiempo, quizás pueda aprobar medidas coyunturales, pequeños préstamos aquí o allá”, consideró el politólogo, para quien de alguna manera toda la sociedad ha ganado con el acuerdo porque el resultado podría haber sido peor: una completa “desinstitucionalización” nacional.

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