“No nos debe asombrar la alegría (...) del asno que gobierna Venezuela, la alegría de (Rafael) Correa. Definitivamente era porque las manos se habían metido acá”, expresó Moreno ante dirigentes sindicales con los que dialogó sobre próximas reformas laborales.

El gobernante ecuatoriano sostiene que Maduro y Correa, su antecesor y exaliado, activaron un plan desestabilizador contra su administración, que enfrentó una reciente crisis social en rechazo a la eliminación de subsidios a combustibles y el consecuente alza de precios en hasta 123%.

Ambos líderes de izquierda niegan esos señalamientos.

Un acuerdo para derogar la eliminación de subsidios entre Moreno y la dirigencia indígena puso fin el 13 de octubre a fuertes manifestaciones, las cuales dejaron en todo el país ocho muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos, según la Defensoría del Pueblo.

Tras los 12 días de protestas, encabezadas por aborígenes, las cotizaciones de los combustibles volvieron a los niveles de antes, así como los pasajes, que habían aumentado hasta en 40%.

“No dudo bajo ninguna circunstancia que, para la agresividad (en las manifestaciones), para el contratar bandas organizadas de criminales, a las cuales se pedía que garroteen, que asalten, que quemen Quito, hubo dinero extraño”, dijo Moreno.

Varios partidarios de Correa, quien vive en Bélgica, se han visto salpicados por la denuncia de Moreno sobre conspiración, por lo que seis correístas, incluidos cuatro asambleístas, están refugiados en la embajada de México en Quito y una prefecta (gobernadora) provincial fue detenida para ser procesada por rebelión.

Entretanto, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, manifestó el lunes en un acto castrense que a las Fuerzas Armadas “se emitió la semana pasada una nueva directiva, objetivo concreto: afrontar la insurgencia en el país”.

Agregó que hay grupos ilegales internacionales que pretenden la “desestabilización democrática” en Ecuador.

La OEA aprobó una declaración en la que rechaza “cualquier acción encaminada a desestabilizar” al gobierno de Moreno.

Ante el recrudecimiento de las manifestaciones, Moreno decretó el 3 de octubre el estado de excepción, que durará 30 días, y trasladó la sede del gobierno a la portuaria Guayaquil (suroeste) , aunque desde la semana pasada ejerce sus funciones en Quito.