En la tercera jornada de su juicio de extradición en el tribunal londinense de Woolwich, su abogado, Edward Fitzgerald, argumentó que el tratado británico-estadounidense de 2003 “prohíbe expresamente” la entrega por “delitos de carácter político”.

Fitzgerald defendió que los cargos, penados con hasta 175 años de cárcel, que EE.UU. imputa a su cliente -diecisiete relativos a la ley de espionaje de ese país y uno por fraude informático- son “puramente delitos políticos”.

Sin embargo, el fiscal James Lewis, en representación de la Justicia estadounidense, adujo que el proceso de extradición se rige no por el tratado de 2003 sino por la ley de extradición británica del mismo año, que no contempla exenciones por delitos políticos.

También sostuvo que los delitos que se imputan al australiano de 48 años son de “criminalidad común” y no políticos.

Durante la sesión de hoy, Fitzgerald pidió a la jueza Vanessa Baraitser que permita a su cliente tomar descansos si era necesario, pues “está bajo medicación” y a veces “le cuesta concentrarse”.

Al preguntarle ella si podía seguir el procedimiento, Assange denunció que las condiciones que le imponen en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, adjunta a la corte y donde está en prisión preventiva, le impiden conversar “de forma confidencial” con sus abogados, pues siempre “hay personas presentes y micrófonos”.

La jueza le silenció al contestarle que no suele permitir a los detenidos dirigirse al tribunal y que no va a hacer una excepción en su caso, y también denegó la petición de Fitzgerald de autorizar que su cliente se sentara junto a él y no detrás de un cristal de seguridad.

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Assange es requerido por EE.UU. por la difusión en WikiLeaks en 2010-11, en colaboración con medios internacionales, de documentos oficiales que revelaron crímenes de guerra en Irak y Afganistán, el maltrato de prisioneros en el centro de detención extrajudicial de Guantánamo y abusos de derechos humanos en todo el mundo.

Washington le imputa haber ayudado a la ex soldado estadounidense Chelsea Manning a acceder ilegalmente a ordenadores del departamento de Defensa y de poner vidas en peligro al difundir las identidades de las fuentes contenidas en los documentos sustraídos.

En la sesión de ayer, Fitzgerald adujo que fue el periódico británico The Guardian, y no WikiLeaks, el que, a través de un libro publicado en febrero de 2011 divulgó la clave que permitió a terceros entrar en la base de datos original -que contenía el nombre de los informantes- y difundirla en internet.

En un comunicado, The Guardian eludió cualquier responsabilidad y el fiscal observó que WikiLeaks procedió de todos modos a publicar esos archivos sin censurar en septiembre de 2011.

El juicio al australiano, cuya salud se ha deteriorado tras casi diez años encerrado sin haber sido condenado por ningún delito, continúa en su primer tramo hasta este viernes, cuando será pospuesto hasta el 18 de mayo.

Arrestado inicialmente en 2010 en Londres a instancias de Suecia por un caso de presuntos delitos sexuales hoy archivado, Assange ha pasado casi una década confinado, primero bajo arresto domiciliario y después en la embajada de Ecuador, que en 2019 le retiró el asilo político, y ahora en Belmarsh a la espera de que se resuelva este proceso.