SÃO PAULO (EFE). La operación Lava Jato, que desde 2014 ha destapado numerosos escándalos de corrupción en Brasil y el resto de Latinoamérica, vive su momento más delicado, en medio de presiones y críticas tanto dentro como fuera del Ministerio Público.
Lo que empezó siendo un caso de blanqueo de capitales a través de gasolineras acabó en una orgía de dinero sucio, millonarios desvíos de recursos de empresas estatales y, en definitiva, en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, con ramificaciones en Latinoamérica y algunos países de África.
Sus más de 500 denuncias y 250 condenas se transformaron también en un movimiento político que supo aprovechar el ahora presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; pero hoy el futuro de la Lava Jato es incierto.
Las renuncias
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En un documento conjunto enviado al Ministerio Público, los siete procuradores (agentes fiscales), que integran el equipo de la Lava Jato en São Paulo, presentaron su renuncia colectiva por “incompatibilidades insolubles con la actuación de Viviane de Oliveira”, designada por el fiscal general, Augusto Aras, para coordinar tareas en São Paulo.
Aras, nombrado para ese cargo por Bolsonaro, en 2019, en julio pasado insinuó que habría incurrido en “excesos” durante sus investigaciones, que en los últimos años llevaron a la cárcel a influyentes políticos y empresarios.
“Es la hora de corregir los rumbos para que el ‘lavajatismo’ no perdure”, sentenció Aras en julio pasado y agregó que durante su gestión buscará acabar con la imagen “punitiva” del Ministerio Público.
La renuncia en masa de los fiscales de São Paulo fue anunciada después de la dimisión del procurador jefe de la Lava Jato, Deltan Dallagnol, quien atribuyó su decisión a cuestiones familiares pero que en las últimas semanas también mantuvo un pulso con Aras.
Dallagnol lideró desde el inicio de la operación, en 2014, el grupo de fiscales dedicados exclusivamente a los casos de Lava Jato, y trabajó con el entonces juez Sergio Moro, que en 2019 asumió el Ministerio de Justicia con Bolsonaro y dimitió en abril pasado.
En su despedida, Dallagnol alertó de que “decisiones que serán tomadas en Brasilia” pueden afectar a su funcionamiento.
La semana pasada, los fiscales de la Lava Jato pidieron al fiscal Aras prorrogar por un año más el grupo especial de trabajo que mantiene viva la operación, que terminaría el próximo 10 de septiembre. Aras aún no respondió al pedido.