También conocido como Carlos Lozada, el ahora senador reconoció que adolescentes menores de 15 años combatieron en las filas rebeldes, aunque negó que el reclutamiento de niños fuera una “política” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Eso está consignado en varios documentos internos (…) No hubo información específica de (en) qué unidades, en qué áreas y qué regiones se estaba presentando ese fenómeno. Pero es claro que se presentó”, añadió.

La que fuera la guerrilla más poderosa de América firmó la paz en 2016 después de medio siglo de fallida lucha por el poder. El acuerdo prevé verdad y reparación a las víctimas del conflicto a cambio de que los antiguos rebeldes reciban penas alternativas a la cárcel y puedan ejercer la política.

Según el dirigente, en el grupo al que perteneció, conocido como Bloque Oriental, los comandantes llamaron la atención sobre estas violaciones a las “políticas de ingreso” a la lucha armada que fijaban como edad mínima los 15 años, tres menos que la mayoría reconocida legalmente.

De 59 años, el exmiembro del Secretariado -máximo órgano de decisión de la guerrilla- señaló que con la expansión de la insurgencia también se presentaron casos de acoso sexual.

“En la medida en que aumenta la presencia de la mujer en las filas guerrilleras, también comienzan a surgir los problemas que se dan en las relaciones comunes de los hombres y las mujeres: situaciones de acoso, seguramente de comandantes por tener favores sexuales, todo ese tipo de situaciones se nos presentaron”, declaró.

Las audiencias sobre reclutamiento de menores dentro de las FARC comenzaron hace un mes, pero la de Gallo fue la primera en hacerse pública.

Los exguerrilleros deben confesar ante el tribunal sus crímenes y reparar a sus víctimas, so pena de ser condenados a penas de hasta 20 años de prisión.

La JEP ha recibido informes preliminares que dan cuenta de unos 8.000 casos de reclutamiento de menores en el conflicto que opuso la guerrilla al Estado y a paramilitares de ultraderecha.

Gallo es uno de los diez miembros del partido FARC que ocupan un escaño en el Congreso a raíz de los acuerdos que desarmaron a unos 7.000 excombatientes.