WASHINGTON (EFE). Más de 18.093 asesinatos han sido perpetrados entre 2014 y 2020 por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares en Venezuela, incluidas ejecuciones extrajudiciales y matanza de manifestantes, según un informe de la Secretaría General de la OEA presentado ayer.
En el documento, el organismo agrega que hay 653 casos de tortura documentados, aunque admite que “la cifra es mucho mayor, ya que informes confiables destacan que muchas de los miles de personas detenidas han sido víctimas de torturas y malos tratos”.
Las estimaciones apuntan a 15.501 detenciones arbitrarias y 724 desapariciones forzadas entre 2018 y 2019.
El informe advierte de que “desde enero de 2020 el número total de muertes por operaciones de seguridad del Estado ha superado 2.000”.
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“La situación en Venezuela sigue siendo calamitosa. No cesa de aumentar la pobreza, la hiperinflación, el enorme desabastecimiento y las enfermedades, y el país se enfrenta a grandes escaseces”, relata el documento, que considera que la situación política “también sigue siendo convulsa”, al apuntar que Maduro “intenta ahora controlar la Asamblea Nacional” (Parlamento, que lidera el opositor Juan Guaidó).
“En la medida que el régimen de Maduro consiga mantenerse en el poder, continuarán los sufrimientos de la atormentada población venezolana y habrá que seguir lamentando incontables pérdidas de vidas”, agrega.
Para la OEA, “los crímenes perpetrados en Venezuela y sus repercusiones en la población civil van de mal en peor”.
Denuncia en la CPI
La OEA también criticó la inexplicable “lentitud” del examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, afirmando que como consecuencia el gobierno de Nicolás Maduro se siente “envalentonado” y esto fomenta la “impunidad”.
El dictador Nicolás Maduro fue acusado en septiembre por una misión de la ONU que investiga la situación en Venezuela de estar vinculado a posibles “crímenes de lesa humanidad”, incluyendo las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura.
“Hasta ahora la corte le ha fallado al pueblo venezolano”, dijo durante la presentación del informe “Fomentando la impunidad” , el secretario general de la Organización de la OEA, Luis Almagro.
El abogado experto en derechos humanos Jared Genser, asesor especial de la OEA, que recopiló el informe, señaló que “la lentitud del examen parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo”.
La CPI inició en febrero de 2018 un examen preliminar para indagar sobre presuntos delitos cometidos desde abril de 2017 en Venezuela en el contexto de una ola de protestas.
En noviembre pasado, la fiscal del tribunal, Fatou Bensouda, recibió a una delegación del régimen de Maduro compuesta por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz.
Bensouda informó a la delegación que “existe una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”.