BRUSELAS (AFP). A partir de esa fecha, los ciudadanos británicos en la UE y los continentales en el Reino Unido, serán considerados nacionales de un “tercer país”, y por lo tanto sin los beneficios, como por ejemplo, la libre circulación.
En el ámbito del turismo también habrá cambios significativos.
Para viajar al continente, los británicos deberán poseer pasaporte con al menos seis meses de validez y su estancia estará limitada a un total de 90 días por semestre.
Los ciudadanos europeos que pretendan estudiar en el Reino Unido a partir de enero precisarán de un visado para cursos con duración superior a seis meses, y pagarán tarifas mayores que los estudiantes locales (tarifas que en algunos cursos pueden ser hasta cuatro veces más elevadas).
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Esta normativa despertó el inmediato temor en universidades británicas de perder un elevado número de estudiantes en favor de instituciones en Europa, donde muchas de ellas son gratuitas.
De acuerdo con un estudio del parlamento en Londres, había 143.000 estudiantes europeos en universidades británicas en el año académico 2018/2019.
En 2015, esos estudiantes europeos inyectaron nada menos que 25.800 millones de libras esterlinas (casi 34.000 millones de dólares) a la economía británica.
En la dirección opuesta, es altamente probable que los estudiantes británicos sean excluidos del programa Erasmus, que ofrece intercambios subsidiados en países europeos.
Al mismo tiempo, los estudiantes británicos que deseen estudiar en Europa enfrentarán tarifas especiales y exigencia de visados, además de estar impedidos de trabajar.
Se estima que al final de este año habrá 1,3 millón de británicos residentes en Europa y 3,6 millones de europeos en el Reino Unido, y su derecho a permanecer está garantizado en el Acuerdo de Retirada, que rige el brexit.
Pero quienes deseen emigrar después del 1 de enero tendrán por delante un panorama totalmente diferente.
Los británicos llegados a la UE se enfrentarán a exigencias sobre seguros de salud, ingresos mínimos y dominio del idioma.
Por su parte, el Reino Unido pretende adoptar un sistema de puntaje que tornará difícil la instalación de europeos en su territorio después del 1 de enero.