La apelación dejó clara la intención de Joe Biden de que Julian Assange sea juzgado por cargos relacionados con espionaje y piratería por la publicación de WikiLeaks de cientos de miles de documentos militares y diplomáticos estadounidenses.
El Departamento de Justicia tenía hasta este viernes para presentar una apelación del fallo del 4 de enero de la jueza Vanessa Baraitser, que alegaba que Assange sufría problemas de salud mental que aumentarían el riesgo de suicidio si fuera enviado a Estados Unidos para ser juzgado.
“Sí, presentamos una apelación y seguimos buscando la extradición”, dijo a la AFP el portavoz del Departamento de Justicia, Marc Raimondi.
Biden había sido presionado por grupos de defensa de los derechos humanos para que abandonara el caso, que pone sobre el tapete cuestiones sensibles sobre transparencia y libertad de prensa.
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Después de que WikiLeaks comenzara a publicar secretos de Estados Unidos en 2009, la entonces administración Obama, en la que Biden era vicepresidente, renunció a continuar con el caso.
Assange dijo que WikiLeaks no era diferente a otros medios protegidos constitucionalmente para publicar tales materiales.
Procesarlo también podría significar procesar a las poderosas corporaciones de noticias por publicar material similar, abriendo las puertas a luchas legales que el gobierno probablemente perdería.
Pero bajo el gobierno de Donald Trump, cuyo triunfo en 2016 contó con la ayuda de WikiLeaks que publicó documentos del Partido Demócrata que dañaron a su rival Hillary Clinton, el Departamento de Justicia construyó un caso de seguridad nacional contra Assange.
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En 2019, en virtud de la ley de espionaje y leyes de delitos informáticos estadounidenses, el australiano fue acusado de varios cargos por conspirar y dirigir a otros para obtener y revelar ilegalmente secretos de Estados Unidos entre 2009 y 2019.
Al hacerlo, ayudó e instigó la piratería informática, ilegalmente expuso al peligro fuentes confidenciales estadounidenses y usó la información para dañar al país, según los cargos.
Si es declarado culpable de todos los cargos, Assange, de 49 años, podría enfrentar una sentencia de prisión de 175 años.
“Julian Assange no es un periodista”, dijo el entonces secretario adjunto de Justicia, John Demers.
Assange ha permanecido detenido por las autoridades británicas en espera de la apelación.
A principios de esta semana, 24 organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, instaron a Biden a abandonar el caso.
“Periodistas de las principales publicaciones de noticias hablan regularmente con fuentes, piden aclaraciones o más documentación, y reciben y publican documentos que el gobierno considera secretos”, dijeron en una carta abierta.
“En nuestra opinión, el precedente de este caso podría efectivamente criminalizar estas prácticas periodísticas comunes”.