La exgobernante fue arrestada el sábado en medio de un fuerte dispositivo. La oposición tacha de “persecución política” la detención. La ONU y la Unión Europea piden transparencia del proceso.

Áñez, de 53 años, fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni (noreste), después de sus dos ministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, los tres denunciados por sedición, terrorismo y conspiración.

Tres fiscales firmaron la imputación para la aplicación “de medidas cautelares consistente en la detención preventiva (...) por el tiempo de seis meses” en cárceles de La Paz, dice el documento fiscal.

Áñez, abogada, política y expresentadora de televisión, permanece detenida en un cuartel de la policía desde el sábado tras ser detenida mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar. La rocambolesca y sorpresiva detención se produjo en Trinidad, 600 km noreste de La Paz, donde residía.

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En este operativo policial que dirigió el ministro de Gobierno (Interior) , Eduardo del Castillo, arrestaron en la misma ciudad a los dos exministros y fueron trasladados en avión a La Paz el sábado de madrugada.

El nombre de Áñez, que dejó el poder en noviembre, figura en una denuncia que hizo en diciembre la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en las recientes elecciones locales.

Reacción internacional

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró que es importante que se respeten “las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos” del caso contra los exintegrantes del gobierno boliviano.

Asimismo, recordó los “importantes pasos tomados por todas las partes en Bolivia de cara a la consolidación de la paz” y reiteró el compromiso de Naciones Unidas para seguir apoyando esos esfuerzos.

El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, expresó a su vez que “las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas”.

Con el criterio de que se respete la independencia de poderes, pidió “diálogo y reconciliación”.

La embajada de Estados Unidos en La Paz solicitó en un comunicado que se respeten “todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso”.

Mientras, la influyente Conferencia Episcopal de Bolivia exigió en un comunicado “la inmediata puesta en libertad de los detenidos”.