Comenzó con un grupo de seis padres, principalmente de la ciudad de Buenos Aires, entre julio y agosto del año pasado, que conversaban por Twitter y observaban que, mientras en el mundo se volvía a las clases presenciales, Argentina no avanzaba en ese sentido.

“La mayoría tenía hijos chicos y era muy difícil sostener la virtualidad”, dijo a Efe María José Navajas, una de las madres fundadoras, que tiene un hijo en el jardín de infantes y otro en la secundaria.

Comenzaron colocando placas sobre el derecho a la educación en Instagram y Twitter para intervenir en la opinión pública.

Y en septiembre del año pasado presentaron una carta pública a las autoridades fundamentando por qué “era urgente la vuelta a la presencialidad, no solo por la evidencia de que era posible, sino también por la salud emocional y psicológica de los chicos”, dijo Navajas, “más aún en un país como Argentina que tiene un nivel de pobreza y marginalidad” que empeoró el año pasado.

La educación pasó a estar en el centro del debate público, llevando incluso el tema más allá de la cuestión de la presencialidad.

“Si bien el eje es la presencialidad, nos pone ante un problema mayor, de años previos, de cuál es la situación de la educación argentina, sobre todo para mí, que soy egresada de escuelas públicas”, dijo Navajas.

“Supimos tener un pasado muy glorioso que nos enorgullece como argentinos de la educación pública como una vía de promoción social y eso ahora, en los últimos tiempos, se interrumpió”, agregó.

El movimiento se expandió a 21 de las 24 jurisdicciones del país, con cierta coordinación a nivel nacional, que a su vez se organiza espontáneamente en municipios.

MÁS QUE CLASES MEDIAS

Para la profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella Claudia Romero, “corresponde a un movimiento transversal, pero que se concentra, sin duda, en un cierto sector de las clases medias”.

Pero Romero indicó que “se equivocaría” quien lo viera como un asunto que no interesa al resto de las clases sociales: “Todos sabemos que la educación importa en los sectores más pobres”, pero que "ahora están con un agobio importante para sobrevivir y a veces no tienen herramientas culturales, la palabra, para salir a disputar en la arena pública”.

Recordó que la escolarización remota en 2020 profundizó las desigualdades y la pérdida de alumnos, ya que hacia octubre pasado un 10 % se había desconectado, lo que supera ampliamente el porcentaje de abandono (1 %) en condiciones normales.

Los "Padres Organizados" están aprendiendo a participar de la negociación en la política educativa, que solía estar en manos de funcionarios, gremios y especialistas.

La formación les dio un espectro de herramientas muy valioso para mostrar los argumentos de manera creativa: a Navajas, que es historiadora, con una red de contactos en otros países que le informaba cómo volvían los chicos a las aulas, la acompañan médicos, abogados, diseñadores gráficos y licenciados en educación.

A LA CALLE

Lograron modificar el discurso del Gobierno nacional, que empezó a sostener la presencialidad tomando como punta de lanza el inicio de clases en la ciudad de Buenos Aires, el 17 de febrero pasado.

Pero en medio de la segunda ola de contagios, el Ejecutivo de Alberto Fernández sorprendió volviendo atrás hasta el 30 de abril en la zona metropolitana de Buenos Aires, la zona más populosa del país.

La lucha de los padres por la presencialidad se volcó así a las calles con manifestaciones públicas, que desbordaron los grupos formales de #PadresOrganizados, y abrazos simbólicos a los colegios cerrados.

Algunos de ellos también se presentaron en la Justicia para frenar la vuelta a la virtualidad. Y miles firmaron una carta pública a la Corte Suprema, que debe dirimir en el tema.

Los padres viven “con mucha intensidad” las idas y vueltas de la política, cuando estaban pensando en una planificación a tres años para que los chicos pudieran compensar el déficit de aprendizaje que sufrieron el año pasado.

Para 2021, esperan lograr la mayor presencialidad posible y criterios claros de cierre. “Que realmente se cumpla la promesa que solo se cierre como último recurso y que ese cierre sea una cosa muy acotada”, cerró Navajas.