La adecuación tarifaria comienza al día siguiente de un confuso episodio en el que los medios informaron que el Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán, pidió la renuncia del subsecretario de Energía Eléctrica de su propia cartera, Federico Basualdo, que sin embargo no fue confirmada porque cuenta con el apoyo de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner.
La adecuación de las tarifas de electricidad y gas es un tema de debate en Argentina, ya que la actualización que necesitan por inflación -que acumuló un 80 % en el bienio 2019-2020 a lo que se le suma una expectativa de mercado del 46 % para 2021- y variación del tipo de cambio impacta en el poder adquisitivo de los argentinos, y particularmente este año en que se celebrarán elecciones legislativas.
Pero el subsidio que paga el Estado a las empresas -entre el 40 % y el 60 %, según las distribuidoras- para solventar los costos incrementa el déficit fiscal y la inflación, porque el fisco debe recurrir al financiamiento a través de la emisión monetaria que realiza el Banco Central por un acceso restringido al financiamiento genuino.
Las tarifas de electricidad y gas se encuentran congeladas desde febrero de 2019, cuando el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) interrumpió la actualización tarifaria que llevaba adelante -después de heredar un esquema de tarifas congeladas que derivó en costosos subsidios del Estado- debido a las elecciones presidenciales que finalmente perdió ese año.
Desde diciembre de 2019, el Ejecutivo de Alberto Fernández “ha priorizado la necesidad de morigerar el impacto tarifario sobre el poder adquisitivo de familias, comercios e industrias, en el contexto de emergencia económica, sanitaria y energética”, explica el comunicado difundido hoy por el ENRE, “más aún bajo la emergencia sanitaria” en el marco de la pandemia de covid-19.
Pero al interior del oficialismo corren dos vertientes sobre la actualización de tarifas.
Guzmán ha declarado la necesidad de elevar las tarifas que paga el público dos veces en el año y en forma segmentada según el nivel de ingresos para que el nivel de subsidios permanezca constante en 1,7 % del PBI.
En tanto, Fernández de Kirchner ha dicho que es necesario alinear los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas.
Sólo en febrero pasado, el Gobierno resolvió quitar los subsidios diferenciales que beneficiaban a 2.900 grandes usuarios de energía eléctrica, de más de 300 kilovatios diarios, principalmente industrias y grandes superficies comerciales y el mes pasado elevó 3 % las tarifas de esas distribuidoras por la actualización de un impuesto.