Los militares, que alegan un supuesto fraude masivo en las elecciones de noviembre como razón para la toma del poder, publicaron tras el levantamiento del 1 de febrero cinco puntos que culminan con la celebración de unas elecciones "limpias y justas" organizadas por la junta militar.
Wunna Maung Lwin señaló el lunes durante la reunión que la mayoría de los puntos se están implementando, entre ellos la formación de una nueva Comisión Electoral -que investiga el presunto amaño-, medidas para prevenir la covid-19 y la recuperación económica, recoge este martes el diario oficialista The Global New Light of Myanmar, controlado por los militares.
El canciller también comentó la "conversación cordial" mantenida el pasado fin de semana con el secretario de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Lim Jock Hoi, sobre los cinco puntos de consenso alcanzados en abril por el líder de la junta militar, Min Aung Hlaing, y los líderes políticos de esa organización regional.
Entre estos últimos se encuentra un compromiso a frenar la violencia contra los civiles, iniciar el diálogo entre todas las partes y aceptar a un mediador para solventar la crisis.
Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de estos puntos ha sido implementado e incluso Min Aung Hlaing se retractó días más tarde, al priorizar "mantener la ley y el orden" sobre las "sugerencias" de los líderes del bloque de la ASEAN.
Los escasos avances acometidos al respecto por la junta militar birmania fueron criticados anoche por los ministros de Malasia y Singapur, dos de los países más críticos con el golpe de Estado.
El ministro malasio de Exteriores, Hishammuddin Hussein, calificó el proceso como dolorosamente lento", mientras que el canciller singapurense, Vivian Balakrishnan, lo describió como "decepcionante".
Al menos 106 personas han perdido la vida en Birmania a manos de las fuerzas de seguridad desde aquel compromiso alcanzado con el jefe de la junta militar; una cifra que supera los 857 decesos desde el golpe de Estado, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
Además de contabilizar más de 5.800 arrestos desde la asonada, incluida la derrocada líder del gobierno democrático, Aung San Suu Kyi, cuyo partido arrasó en los comicios de noviembre y que contaron con el aval de los observadores internacionales.