La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Acnudh) indicó, en uno de varios mensajes en Twitter, que ha "monitoreado permanentemente las audiencias de la #CausaBertaCáceres e insta a las autoridades a que el resto del juicio oral y la decisión del tribunal continúen en el marco de la independencia judicial".
En otro mensaje, la Acnudh hizo un llamamiento a que las audiencias del juicio "se desarrollen bajo los principios de debido proceso y garantías judiciales, permitiendo la plena y efectiva participación de los peritos y testigos y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas".
La vista judicial contra Roberto David Castillo, expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), arrancó el 6 de abril en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, la capital.
Cáceres, ganadora del premio ambiental Goldman, fue asesinada a tiros el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, en el occidente hondureño, pese a tener desde 2009 medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
La ambientalista asesinada se oponía al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, desarrollado por DESA, por considerar que causaba daños al ambiente, principalmente a comunidades indígenas lencas, lo que han rechazado los ejecutivos de la empresa.
Cuatro de ocho acusados fueron condenados en diciembre de 2019 a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.
Acnudh expresó además "su preocupación" por el aumento de muertes violentas de mujeres en 2021 en el país centroamericano, donde entre el 4 y 6 de junio fueron asesinadas cinco féminas.
La ONU reiteró a Honduras su "deber del Estado de garantizar la vida e integridad de las mujeres y de desarrollar investigaciones eficientes y oportunas, considerando el género de las víctimas y el posible involucramiento de un agente de la fuerza pública en el caso de Olancho (oriente)".