"La Santa Sede asegura su propio compromiso de continuar por el camino del pleno cumplimiento de las mejores normas internacionales y, para ello, evaluará cuidadosamente las recomendaciones contenidas en el Informe", se lee en una nota.

El informe aplaude que se hayan constituido dos comisiones pontificias para estudiar las estructuras económicas y administrativas y aseguran que en la Santa Sede hay "un conocimiento general de alto nivel sobre el blanqueo de capitales y la financiación de la amenaza terrorista", y que en algunas áreas, "existe una comprensión detallada del riesgo".

El presidente de ASIF (la Autoridad de Supervisión y Información Financiera), Carmello Barbagallo, quien encabezó la delegación del Vaticano durante el proceso de evaluación, valoró que en este primer informe desde que la Santa Sede se unió a Moneyval, "la jurisdicción del Vaticano ha obtenido cinco sentencias de eficacia 'significativa', seis de eficiencia 'moderada', y en ningún caso se expresó un juicio de 'baja' efectividad".

Uno de los aspectos más esperados era el de la evaluación del sistema judicial, y el organismo europeo echa en falta que se juzguen más casos ante los tribunales.

Lo atribuye a la falta de recursos de la Fiscalía y de las fuerzas del orden, a una especialización insuficiente en investigación financiera, lo que da "resultados modestos en los tribunales con solo dos condenas por lavado de dinero".

"Las acciones recomendadas por Moneyval no son difíciles de aplicar, ya que tienen un carácter mayoritariamente procedimental y están orientadas a fortalecer los recursos, proceso que ya ha encontrado respuestas significativas", respondió a estas deficiencias Barbagallo.

El Moneyval destaca que "los casos que han recibido una amplia cobertura en los medios de comunicación han hecho saltar la alarma sobre el posible abuso del sistema de seguridad social por parte de personalidades de nivel medio y superior para obtener beneficios personales y de otro tipo (malversación, fraude y abuso de funciones, según el Código Penal)".

Por otra parte, el organismo espera que este verano pueda comenzar uno de los juicios más esperados en el Vaticano sobre el caso de la compra del edificio de Londres que provocó un agujero de 400 millones en las cuentas vaticanas y en la que presuntamente estaría también implicado el excardenal Angelo Becciu, a quien Francisco despidió y retiró sus beneficios cardenalicios.