Phil Robertson, subdirector de HRW en Asia, criticó en un comunicado las restricciones que padece Suu Kyi para tener acceso a sus abogados y el hecho de que el juicio tenga lugar en la capital, Naipyidó, en un tribunal controlado por la junta militar, por lo que "es poco probable que reciba un juicio justo".
"Los cargos criminales contra Aung San Suu Kyi son falsos y con la motivación política de anular su aplastante victoria electoral en los comicios de noviembre de 2020 e impedirle que se presente de nuevo. Todos esos cargos deberían ser retirados, lo que desembocaría en su liberación inmediata e incondicional", afirmó.
Suu Kyi, de 75 años y que ya pasó más de 15 años bajo arresto domiciliario bajo la extinta junta militar, será juzgada junto al expresidente Win Myint y al exgobernador de Naipyidó, Myo Aung.
La depuesta consejera de Estado y ministra birmana de Exteriores afronta dos cargos por vulnerar la ley de Desastres Naturales, vinculados a la normas de seguridad establecidas para combatir la propagación de la covid-19, con una condena máxima de tres años.
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Además es acusada de un cargo por cada uno de los tres siguientes delitos: incitación a la agitación pública (penado con hasta 3 años de cárcel), importación ilegal de dispositivos electrónicos -en referencia a unos 10 walkie-talkies (máximo 3 años) y violar la ley de Telecomunicaciones (1 año).
Para Robertson, la junta da "todos los indicios de que esto es solo el principio y continuará acumulando casos adicionales contra Suu Kyi para mantenerla encerrada" dentro de una estrategia para "neutralizar a Suu Kyi y a la Liga Nacional para la Democracia (su partido)" para que no puedan desafiar al régimen militar en el futuro.
El Ejército birmano justifica el golpe de Estado del pasado 1 de febrero por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.