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Por 8 votos a favor y uno en contra, la máxima instancia judicial del país concluyó que un distrito escolar de Pensilvania violó la primera enmienda de la Constitución estadounidense -que garantiza el derecho a la libertad de expresión- al expulsar a la estudiante del equipo júnior de animadoras de su instituto.
La animadora, Brandi Levy, recibió ese castigo en 2017, cuando tenía 14 años, después de enviar a unos 250 amigos un mensaje lleno de palabrotas para expresar su frustración por no haber entrado en un equipo de animadoras más importante al que se encontraba en ese momento.
"Que jodan a la escuela, que al softball, que jodan a ser animadora, que jodan a todo", escribió Levy, junto a una imagen de ella y una amiga mostrando a la cámara sus dedos medianos.
El mensaje estaba programado para desaparecer en 24 horas, pero sus entrenadores en el equipo de animadoras se enteraron y la adolescente acabó siendo suspendida durante un año de esa tarea, aunque no del instituto.
Levy y sus padres demandaron al distrito escolar, al argumentar que no tenían derecho a expulsarla del equipo por opiniones expresadas fuera del recinto del instituto, como fue su caso, puesto que lo hizo desde una tienda en su tiempo libre.
El Supremo concluyó que los administradores de las escuelas sí tienen derecho a castigar a los estudiantes por opiniones expresadas en internet o fuera del instituto en el caso de que perturben gravemente el estudio en la clase, pero determinó que el caso de Levy no llegaba a ese nivel.
"Los intereses especiales alegados por el instituto en este caso no son suficientes para dejar de lado el interés de B.L. (Levy) en la libertad de expresión", señaló uno de los jueces progresistas del Supremo, Stephen Breyer, en un escrito.
El caso podía haber tenido grandes implicaciones en el derecho a la libertad de expresión en internet de los alumnos de todo el país, pero el Supremo evitó llegar a ese extremo y prefirió mantener en pie su jurisprudencia de que las escuelas pueden castigar aquellos discursos que consideren "perturbadores" para la tarea de la enseñanza.
Ese precedente lo marcó el Supremo en 1969, cuando permitió a un grupo de estudiantes llevar brazaletes negros en señal de protesta de la guerra de Vietnam, pero matizó que cualquier expresión que interfiriera en la disciplina y el estudio de la escuela podía ser castigado.