"Es un acto absurdo, que no es válido, porque quienes ejercemos el periodismo conocemos de la trayectoria de Daniel", señaló.

El director de El Faro, Carlos Dada, denunció hoy que agentes del Gobierno del país centroamericano le notificaron a Lizárraga el martes que debe salir del país en los próximos días.

Dada señaló que el argumento dado por el Gobierno salvadoreño para negarle un permiso de trabajo y residencia temporal es que "no ha podido demostrar que es periodista".

"Este tipo de actos vienen a sumarse a esta falta de tolerancia del Gobierno hacia garantizar la libertad de prensa", indicó la presidenta de APES y subrayó que desde la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia las vulneraciones a la prensa "han aumentado".

Añadió que esto se puede considerar un "antecedente muy grave" para "negar el permiso a otros periodistas extranjeros para poder ejercer plenamente su derecho".

Cárcamo llamó a la comunidad internacional a prestar atención a El Salvador, porque "no solo está pasando en Nicaragua" la expulsión de periodistas y defensores de derechos humanos.

Para el director del El Faro, esta decisión es "sin lugar a dudas, una forma más de acoso y de ataque contra nosotros (El Faro), y un intento más por debilitarnos".

El Ejecutivo de Nayib Bukele no ha dado declaraciones sobre la denuncia de Dada a pesar de que periodistas de la prensa internacional en el país han solicitado reacciones.

El Faro ha denunciado a mediados de abril pasado mediante un editorial que el Gobierno salvadoreño supuestamente "fabrica otro caso" en su contra tras una auditoría en la que el Ministerio de Hacienda acusa al medio de investigación de evadir impuestos.

José Luis Sanz, exdirector de El Faro y corresponsal del medio en Washington, dijo a Efe en una entrevista en octubre de 2020 que teme que el Ejecutivo de Bukele busque la detención de los directivos de este periódico y se paralice su funcionamiento en represalia por sus investigaciones.

Señaló que en una cadena nacional de medios de comunicación Bukele dijo que el medio era sometido a una investigación por supuesto lavado de dinero, lo que consideró como "una clara amenaza".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a inicios de febrero medidas cautelares de protección a favor de 34 integrantes de El Faro que, advirtió, "estarían siendo objeto de hostigamiento, amenazas, intimidaciones y estigmatización".