"Las instituciones del Estado están siendo manipuladas para callar las voces que exigen el cese de los atropellos a la Constitución y al orden democrático", señalaron en un comunicado.

Añadieron que "estas acciones se han concretado durante los últimos días a través de graves violaciones contra la libertad de expresión y de prensa".

En la misiva sostienen que "perseguir y acosar las voces críticas al Gobierno es persecución política".

Entre las acciones que señalaron se encuentra un proceso administrativo contra el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya, quien pidió a una sala del Supremo que revirtiera la destitución de varios magistrados del 1 de mayo pasado y ha cuestionado la elección del nuevo presidente de dicho órgano.

"Claramente se trata de una respuesta arbitraria para intimidarlo y silenciarlo por ser una voz crítica", subrayaron.

Añadieron que el "Estado salvadoreño ha mantenido una serie de amenazas y difamaciones" contra el Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo y representante en El Salvador de Transparencia Internacional.

También cuestionaron la decisión del Gobierno de Nayib Bukele de expulsar del país al editor del periódico El Faro, el periodista mexicano Daniel Lizárraga, tras negarle el permiso laboral y la residencia temporal, según denunció el medio.

"Exigimos a la Corte Suprema, a la Fiscalía y al Gobierno de El Salvador que respeten la libertad de expresión y se abstengan de toda acción que busque intimidar a la sociedad civil y al periodismo independiente", apuntaron.

También pidieron al relator de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, y a la relatora de la ONU del derecho a la libertad de opinión, Irene Khan, mantenerse atentos a las "violaciones" en El Salvador.