La resolución muestra su "profunda preocupación" por la participación de las tropas eritreas -que apoyan al aliado Gobierno de Etiopía- en el conflicto y su posible implicación en graves abusos de la ley internacional, también en materia de trato a los refugiados.
El documento fue aprobado con 20 votos a favor, 13 abstenciones y 14 votos en contra, entre ellos los de la propia Eritrea, así como China, Rusia, Venezuela, Cuba y Bolivia, todos ellos actualmente miembros del Consejo.
La resolución pide el fin de las hostilidades y de todas las violaciones de derechos humanos denunciadas desde noviembre, cometidas por "todas las partes del conflicto", y subraya la necesidad de investigar y definir las responsabilidades de estos abusos.
En ese sentido, el documento pide al Gobierno de Etiopía que promueva investigaciones independientes que lleven a los perpetradores de los crímenes ante la justicia.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
También manifiesta preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Tigray, donde muchas zonas sufren hambruna y el conflicto impide el acceso de agencias de ayuda a los desplazados y refugiados.
En este sentido también condena los asesinatos de trabajadores médicos y humanitarios, así como los ataques contra infraestructuras tales como hospitales y centros médicos.
El conflicto se inició cuando el Gobierno etíope acusó al Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT), que entonces gobernaba esa región, de un ataque tigriña a una base militar en ese territorio, a la que respondió con una ofensiva del ejército nacional.
El conflicto ha causado miles de muertos y millones de personas desplazadas, mientras organizaciones de derechos humanos han denunciado los saqueos y violaciones contra la población y los bienes locales cometidos por todos los bandos, aunque se señala especialmente a las fuerzas eritreas desplazadas en la región.