Desde el NRC, el encargado de comunicación para el este de África y Yemen, Jeremy Taylor, confirmó a Efe que el pasado 30 de julio recibieron orden de las autoridades etíopes de suspender inmediatamente todas sus operaciones en el país, alegando que la organización había difundido "información falsa en las redes sociales".
También se acusó a la oenegé de no haber obtenido los "permisos apropiados" para su personal internacional.
"Creemos que hemos retratado correctamente las necesidades del pueblo de Etiopía, con la intención de facilitar la entrega de ayuda humanitaria a la gente que la necesita, y que hemos acatado todas las reglas y regulaciones precisas", subrayó Taylor.
Más allá de esas acusaciones no se dieron más precisiones, ni tampoco se aclaró si las alegaciones tienen relación directa con la crítica situación que se vive en Tigray.
En ese sentido el portavoz del NRC -organización que trabajaba en seis regiones etíopes (Tigray, Oromia, Benishangual Gumuz, Gambella, Región Somalí y la Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur)- indicó que están "en diálogo con las autoridades" para conseguir "más claridad" respecto a sus "preocupaciones".
En paralelo, fuentes de la sección holandesa de Médicos Sin Fronteras confirmaron a Efe también haber recibido carta de suspensión, pero declinaron facilitar más detalles por el momento.
Estas suspensiones complicarían aún más la grave crisis humanitaria que atraviesa la región de Tigray, donde se estima que 5,2 millones de personas -es decir, la gran mayoría de su población- necesita asistencia, según las últimas estimaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).
La guerra entre el Gobierno central y esta región norteña comenzó el pasado 4 de noviembre, cuando el Ejecutivo del primer ministro Abiy Ahmed lanzó una ofensiva contra el Frente Popular de Liberación Tigray (FPLT) -que gobernaba la región hasta entonces- tras una escalada de las tensiones políticas durante los meses precedentes y en represalia por un ataque contra una base militar federal.
El pasado 28 de junio, Etiopía declaró un "alto el fuego unilateral humanitario", pero aunque el Ejército se retiró de varias ciudades -incluida la capital regional, Mekele- las fuerzas de la región vecina de Amhara, que habían anexionado de facto durante el conflicto el oeste de Tigray -sobre el que reclaman su derecho histórico-, permanecieron sin moverse.
Durante las últimas semanas, las unidades tigriñas -agrupadas en las Fuerzas de Defensa de Tigray (FDT)- han incrementado sus acciones militares para recuperar estos territorios, ganando terreno en el oeste y el sur de la región y volviendo a elevar los niveles de tensión del conflicto.
Además, la guerra se ha expandido a otras regiones que bordean Tigray, como la vecina Afar, mientras el Gobierno federal prepara una nueva gran ofensiva sobre las FDT para reforzar la posición amhara.
Por su parte, el FPLT reclamó la semana pasada el inicio de un "proceso político inclusivo de transición", y entre las condiciones para un alto el fuego "negociado" exigió la apertura de corredores humanitarios, entre otras cuestiones.
Desde el inicio de la guerra, miles de personas han muerto, cerca de dos millones se han visto desplazadas internamente en la región y al menos 75.000 etíopes han huido al vecino Sudán, según datos oficiales.
Además, la ONU alertó a principios de julio de que ya hay unas 400.000 personas en condiciones de hambruna en Tigray y otras 1,8 millones al borde de ella.