Según confirmó la Fundación Jacob Zuma (FJZ) en nombre del expresidente, quien se encuentra encarcelado cumpliendo una pena por desacato judicial, el juez que lleva la causa, Piet Koen, falló a favor de la defensa, así que la próxima audiencia -programada para el 10 de agosto- tendrá lugar en persona y a sala abierta en el Tribunal Superior de Pietermaritzburg (este de Sudáfrica).
La fundación lo consideró una "victoria" para el polémico expresidente, según transmitió la entidad a través de sus redes sociales al compartir el dictamen del juez Koen.
La nueva decisión revierte así una medida que se había tomado por motivos de seguridad, por el contexto de recientes disturbios en Sudáfrica (que empezaron precisamente tras el encarcelamiento de Zuma) y por la pandemia de covid-19.
La FJZ se mostró también optimista respecto a la próxima maniobra judicial que buscará la defensa: la recusación del procurador del caso, Billy Downer.
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Aunque el abogado de Zuma, Dali Mpofu, convenció en esta ocasión al tribunal con argumentos como que las audiencias virtuales violaban los derechos constitucionales del expresidente -por motivos como la imposibilidad de consultar a su abogado en directo-, la Fiscalía considera que tanto esa reclamación como la petición de recusación de Downer son tan solo estratagemas para seguir aplazando el juicio.
LOS CARGOS CONTRA ZUMA
En esta causa a Zuma se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude tras cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas relacionadas con un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa francesa Thales.
En concreto, al expresidente se le acusa de haber recibido sobornos con la intermediación de un asesor financiero.
La imputación siguió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en marzo de 2018, fue acusado formalmente.
Zuma había dimitido de la presidencia solo un mes antes, forzado por su propio partido, el Congreso Nacional Africano (CNA) -gobernante en el país desde el final del régimen racista del apartheid- en medio de múltiples escándalos de corrupción.
Aunque el proceso judicial ya comenzó oficialmente en marzo (después de tres años de trámites preliminares y retrasos por la pandemia de covid-19), la causa permanece trabada por las distintas peticiones formales interpuestas por la defensa.
En paralelo a este proceso, Zuma es el centro de otras investigaciones por presunta corrupción durante su mandato (2009-2018).
Entre ellas destaca la de la "Captura del Estado", investigación en la que se le acusa de orquestar un entramado corrupto que atravesaba todo el aparato público durante su gobierno con el objetivo de beneficiar a su persona, a otros altos cargos y a empresarios afines.
Zuma alega que todas las acusaciones contra él son una persecución política.
Por ello, entre 2020 y 2021, se negó repetidamente a testificar ante la comisión oficial de investigación que estudia las acusaciones de la "Captura del Estado", a pesar de que las citaciones eran de obligado cumplimiento.
En consecuencia, el 29 de junio pasado llevó al Tribunal Constitucional sudafricano a condenarlo a 15 meses de cárcel por desacato.
Dos días después de la entrada de Zuma en prisión, Sudáfrica comenzó a vivir varias jornadas de disturbios y de saqueos masivos que, si bien empezaron en forma de protestas de apoyo al exmandatario, degeneraron después en violencia generalizada, espoleada por los graves problemas socioeconómicos del país.
El Gobierno sudafricano afirma que la oleada de disturbios, que dejó 330 muertos y daños económicos por valor de 50.000 millones de rands (unos 2.862 millones de euros), fue "instigada" y planeada y se investiga si estuvieron implicadas personas afines a Zuma.
Además de estos casos, el exmandatario ya tuvo que devolver en 2016 medio millón de euros de dinero público que había usado de forma irregular para reformar su residencia privada.