En mayo de 2020, la minera anglo-australiana Rio Tinto destruyó las cuevas del desfiladero de Juukan, de 46.000 años de antigüedad y considerada zona sagrada para el pueblo aborigen Puutu Kunti Kurrama y único lugar del interior con evidencias de haber sido ocupado por humanos desde la Edad de Hielo.
La voladura, que logró en 2013 el consentimiento de las autoridades, generó una gran polémica en el país y condenas de diversos sectores.
Un comité del Parlamento de Australia publicó este lunes su informe final, tras más de un año de investigaciones, donde recomienda reformas urgentes en las leyes del país.
Entre ellas, la creación de un nuevo marco nacional para proteger el patrimonio indígena y enmiendas a las leyes de protección de patrimonio aborigen y ambiental, para que los propietarios tradicionales tomen la decisión final sobre las acciones que puedan dañar a su patrimonio y tengan el poder de negar el consentimiento.
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La investigación critica el comportamiento de Rio Tinto por dejar algunas preguntas "sin resolver" sobre la voladura y a las leyes de la región de Australia Occidental, donde se encontraban las cuevas, "que permitieron que estos eventos ocurrieran".
"A pesar de la actual concienciación nacional y condena de estos actos destructivos, éstos siguen ocurriendo", remarcó el informe que sugiere que los dueños tradicionales de las tierras puedan "hacer valer de forma efectiva las protecciones de la Commonwealth (Estado) mediante acciones civiles" en los tribunales.
El informe indica que la industria minera también ha pedido un marco legislativo que abarque el patrimonio cultural, así como claridad en las regulaciones y sanciones, al reconocer que "eventos singulares como el del desfiladero Juukan afectan a la industria".
La voladura motivó las salidas del presidente de la junta directiva de Rio Tinto, Simon Thompson, el director no ejecutivo, Michael L'Estrange, y el consejero delegado, Jean-Sébastien Jacques, entre otros altos ejecutivos.
Rio Tinto señaló este lunes que está centrada en mejorar el compromiso con los pueblos indígenas y comunidades anfitrionas para comprender mejor sus prioridades y preocupaciones, minimizar nuestros impactos y gestionar responsablemente el patrimonio cultural indígena durante las operaciones.