La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional (Parlamento) había fijado para mañana, viernes, la comparecencia de Lasso, luego de haber pospuesto una reunión inicial el pasado miércoles, a la que el mandatario se excusó de acudir.

En una nueva carta dirigida al presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, José Fernando Cabascango, Lasso ratificó su postura de que el órgano parlamentario no tiene competencia para investigarlo y ratificó los términos de una anterior misiva con ese mismo talante.

Lasso ha advertido de que la investigación gira en torno a una prohibición constitucional, en vigor desde 2017, que impide a cualquier candidato electoral ser calificado como aspirante si poseyera capitales o bienes en paraísos fiscales.

El mandatario ha explicado que en ese año, tras la consulta popular que amparaba la ley, se deshizo de todos sus inversiones en entidades "off shore" o paraísos fiscales y que, con ello, pudo inscribirse como candidato presidencial y ser avalado por el órgano electoral.

Asimismo, ha recalcado que entre él, el Banco de Guayaquil (del cual fue propietario), la Corporación Multibg S.A y el Fideicomiso GLM, que forman parte de sus empresas, han pagado 588.864.479,38 dólares de impuestos en el país, lo que, según ha dicho, le convierte en uno de los mayores contribuyentes ecuatorianos.

En su primera carta, cuyo contenido ratifica en la segunda, Lasso desestima también el argumento de la comisión legislativa en el sentido de que el escándalo de los Papeles de Pandora, que le salpican, ha generado una supuesta "seria conmoción social".

Con ese argumento, según el mandatario, se intenta "circunvalar el procedimiento legalmente establecido para destituir a funcionarios que incumplan" la normativa.

Lasso considera que este tipo de casos deben ser tratados por la Contraloría General (tribunal de cuentas) del Estado y que, si en esa instancia se determina alguna responsabilidad, entonces podría pasar a la Corte Constitucional y de ahí al Parlamento para que adopte la decisión que corresponda conforme a la ley.

El mandatario, además, reiteró su invitación para que sean los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales del Parlamento los que le visiten en el Palacio Presidencial en Quito.

La visita de los comisionados del legislativo debería concretarse luego que se evacuen todas las diligencias que ellos tengan programadas con esta investigación, en virtud de su derecho a "conocer con anterioridad las aseveraciones que hayan sido dadas en dicho foro", precisa la misiva.

La Contraloría, según ha advertido el propio Lasso, ya ha iniciado una investigación, al igual que la Fiscalía General del Estado, a raíz de una denuncia presentada por el excandidato presidencial indígena Yaku Pérez.

De su lado, la asambleísta Paola Cabezas, del opositor movimiento UNES y que forma parte de la Comisión de Garantías Constitucionales, insistió en que el presidente Lasso debería comparecer ante ese órgano legislativo, como todo funcionario público que sea requerido en los procesos de fiscalización.

"El presidente de la República no debe sentirse perseguido ni juzgado", más aún cuando ha ratificado que no posee desde 2017 bienes en paraísos fiscales, remarcó la legisladora tras señalar que los comisionados no acudirán a la invitación de Lasso al Palacio de Gobierno, pues se trata de un proceso en el que él está obligado a comparecer "a la casa del pueblo".