La manifestación contra la votación, prevista para este mismo miércoles, de un proyecto que contempla cambios en las pensiones de los funcionarios municipales comenzó de forma pacífica hacia las 15.00 hora local (18.00 GMT) frente a la sede del Concejo Municipal.
Sin embargo, los ánimos se alteraron cuando los manifestantes lanzaron piedras contra la entrada principal del edificio e intentaron irrumpir en el plenario para paralizar la votación de los concejales, lo que llevó a un enfrentamiento entre los funcionarios y la policía.
Los servidores lanzaron huevos, botellas y trozos de madera contra la edificación y, posteriormente, prendieron fuego en bolsas plásticas en la calle, además de levantar barricadas para impedir el paso en el viaducto Jaceguai, situado en el congestionado centro de la capital paulista.
Los agentes de seguridad respondieron disparando balas de goma y de gas a fin de "dispersar manifestantes alterados que intentaron saltar la rejilla y lanzaron piedras contra el edificio del Concejo", según explicaron las autoridades.
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El escenario de caos llevó a que las decenas de comercios de la región cerraran las puertas más temprano y a que diversas personas buscaran refugios en las estaciones de metro y agencias bancarias en plena calle.
Asimismo, el tránsito por las vías de la zona fue cortado en ambos sentidos.
De acuerdo con el Sindicato de los Servidores Públicos de la ciudad de Sao Paulo, una manifestante fue alcanzada por una bala de goma disparada por la policía que le fracturó la pierna.
La entidad también condenó la "truculencia" de los agentes de seguridad" y la respuesta violenta a "servidores públicos que luchan por su derecho a la jubilación".
Entre los puntos más criticados del proyecto para reformar el sistema de pensiones destaca el aumento de la edad mínima para la jubilación en el municipio, según el cual, si es aprobado, las mujeres solo podrán jubilarse a los 62 años y los hombres a los 65.
Los servidores igualmente rechazan la propuesta de tributación de un 14 % sobre los sueldos de funcionarios jubilados o inactivos en el municipio que reciban más de un salario mínimo (1.100 reales o 200 dólares), lo que afectaría a unos 63.000 funcionarios que actualmente están exentos de la tasa.