Según confirmaron fuentes del gobierno neerlandés a medios locales como RTL Nieuws y NOS, el ministro de Asuntos Económicos, Stef Blok, está explorando el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios a una medida polémica como es la abolición del impuesto a los dividendos para persuadir a la empresa a quedarse en Países Bajos.
La petrolera anglo-neerlandesa dio a conocer hoy un plan de reorganización de su negocio, que votarán los accionistas el próximo 10 de diciembre, y que consiste en simplificar la estructura accionarial y el traslado al Reino Unido de su residencia fiscal.
El Ejecutivo de Mark Rutte está tratando de buscar qué tipo de promesas puede hacer a Shell ahora en funciones, para evitar que cierre sus oficinas centrales en Países Bajos.
Blok dijo esta mañana estar “desagradablemente sorprendido” por esta decisión, de la que fue informado ayer, y explicó que el Gobierno está “en conversaciones con la cúpula de Shell sobre las consecuencias de esta intención para el empleo, las inversiones cruciales y la sostenibilidad, que son extremadamente importantes”.
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No obstante, la decisión final de eliminar el impuesto caería sobre el futuro gobierno neerlandés, que aún se está negociando desde las elecciones del pasado marzo, aunque es previsible que los cuatro partidos que conforman la actual coalición sean los mismos que continúen en el futuro Ejecutivo, si llegan a un nuevo acuerdo de gobierno.
La coalición en funciones, formada por los liberales del VVD, los democristianos CDA, los progresistas D66 y Unión Cristiana (CU), ya tenía en el acuerdo de coalición abolir el impuesto a los dividendos para los accionistas internacionales, pero tuvo que revocar esa promesa porque, en última instancia, no hubo suficiente apoyo parlamentario a la idea.
Se calcula que este impuesto ingresa al tesoro neerlandés unos 1.900 millones de euros.
De todos modos, Shell no ha confirmado ni dado señales de que, de abolirse este impuesto con apoyo parlamentario, estaría dispuesta a dar un paso atrás y quedarse en Países Bajos.
Pero Shell y Unilever (que ya apostó por unificar sus oficinas centrales en Londres y renunciar a su doble estructura fiscal británico-neerlandesa) fueron las dos grandes empresas angloneerlandesas que instaron siempre a abolir este impuesto, que asciende al 15% en Países Bajos, pero no se les retiene en Reino Unido.
La líder socialdemócrata Lilianne Ploumen ya reaccionó en Twitter a la noticia sobre la posibilidad de abolir el impuesto, y advirtió de que la “respuesta es no” e instó a usar “ese dinero para solucionar la escasez de viviendas y para invertir en sanidad”.