Distintos eurodiputados, funcionarios, asistentes parlamentarios y agentes del Parlamento Europeo habían pedido al Tribunal de Justicia la suspensión de esa práctica.
Según el presidente del TGUE, los denunciantes no han presentado argumentos que "demuestren el carácter grave y difícilmente reparable, incluso irreparable" de esa exigencia, indicó la corte en un comunicado.
El pasado 27 de octubre el Parlamento Europeo introdujo normas excepcionales de salud y seguridad para poder entrar en los edificios del Parlamento en sus tres lugares de trabajo (Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo), en el contexto de la pandemia de coronavirus.
En particular acordó condicionar el acceso a las sedes del Parlamento a la presentación de un certificado covid que demuestre la vacunación, el resultado negativo a un test o la recuperación tras haber contraído la enfermedad.
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Los denunciantes acudieron al Tribunal General de la Unión Europea para obtener la anulación de la decisión y además, en un procedimiento sumario, solicitaron al presidente del Tribunal General la suspensión de la decisión hasta que se dicte la sentencia de fondo.
El pasado 5 de noviembre el presidente del Tribunal General ordenó provisionalmente que los demandantes pudieran acceder a los locales del Parlamento sobre la base de un autotest negativo.
En caso de un resultado positivo, esta prueba deberá ir seguida de un test PCR y si ese da positivo, el Parlamento podría denegar el acceso de los demandantes a sus locales.
En sus autos provisionales de hoy, el presidente del tribunal rechaza las peticiones de suspensión.
Considera que la decisión de condicionar el acceso a los edificios del Parlamento en sus tres lugares de trabajo a la presentación de un certificado covid digital de la UE o equivalente "no tiene ni el propósito ni el efecto" de querer cuestionar el ejercicio de los mandatos de los diputados ni las actividades profesionales del resto de personas.
"El simple hecho de tener que cumplir unas condiciones para acceder a los edificios del Parlamento en sus tres lugares de trabajo, ya sea en materia de seguridad o salud pública, no significa que esta obligación cause a los demandantes un daño grave e irreparable que requiera la adopción de medidas cautelares", señala.
Finalmente, sobre los denunciantes que no están vacunados o curados, indica que ninguna de las pruebas que han presentado permite establecer que las muestras nasofaríngeas necesarias para obtener un certificado de prueba causen graves riesgos para su salud y que, en todo caso, se puede pedir una excepción explicando los motivos por los que esa prueba causaría un riesgo grave para la salud.