En un comunicado, los expertos en derechos humanos afirmaron que se ha definido como terroristas a manifestantes, activistas sociales, periodistas y miembros de partidos políticos, lo que "tiene por objetivo extender el miedo y es profundamente preocupante".
El mal uso del término "lo degrada, perjudicando a la seguridad de todos", advirtieron los expertos, entre ellos la relatora de la ONU sobre derechos humanos y lucha antiterrorista, Fionnuala Ni Aolain.
Los firmantes del comunicado subrayaron que los actos de violencia ocurridos en las protestas, que también han dejado 10.000 detenidos, deben ser respondidos aplicando el derecho penal, y al mismo tiempo "deben protegerse la libertad de expresión y los derechos a la libre reunión pacífica y asociación".
En lugar de ello, las autoridades kazajas han utilizado una legislación antiterrorista "que permite el uso de la fuerza y el disparar a matar a cualquier individuo que sea identificado como terrorista", lamentaron.
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Los expertos de Naciones Unidas exigieron en este sentido a Kazajistán que detenga el "uso incontrolado de la fuerza".
Las protestas estallaron a principios de año de manera pacífica en el oeste de Kazajistán debido a la subida de los precios del gas licuado, principal combustible en esa región bañada por el mar Caspio, pero desembocaron en violentos disturbios en varias ciudades, incluida la más importante, Almaty.