"Las autoridades (...) han hecho poco para abordar las amenazas planteadas por grupos islamistas radicales que han atacado a políticos y activistas", subrayó HRW en el apartado dedicado a Maldivas en su informe anual, publicado hoy.
El atentado contra Nasheed, que ejercía como presidente del Parlamento maldivo cuando sufrió el ataque y es considerado un apóstata por los islamistas, fue reivindicado por simpatizantes del grupo yihadista Estado Islámico (EI), una formación que cuenta en el país con excombatientes de las guerras de Siria o Iraq.
HRW también recriminó que una comisión designada por el Gobierno para investigar muertes y desapariciones forzosas no logró avances significativos en casos como la desaparición del reportero Ahmed Rilwan en 2014 o el asesinato del bloguero Yameen Rasheed en 2017.
El organismo reconoció sin embargo que el presidente, Ibrahim Mohamed Solih, "ha tomado medidas para poner fin a las restricciones represivas sobre los medios y la libertad de expresión" propias del anterior régimen.
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La orientación sexual puede suponer también un peligro en el archipiélago, donde el "código penal (...) tipifica como delito las relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo. El castigo puede incluir prisión de hasta ocho años y 100 latigazos", a lo que se une la presión y los ataques islamistas.
Pero los problemas de Maldivas no se limitan a la amenaza islamista. Este archipiélago compuesto por unas 1.200 islas, muchas de ellas sin apenas elevaciones, corre el peligro de desaparecer por el calentamiento global y el aumento del nivel del mar.
HRW subrayó que, a pesar de esta situación medioambiental crítica, el "Gobierno de Solih no hizo cumplir adecuadamente las leyes de protección ambiental y lanzó proyectos de recuperación con riesgo de daño ambiental".
Otro problema en Maldivas es el tráfico de personas, en un país dependiente del turismo donde un tercio de la población la forman trabajadores migrantes extranjeros, claves para suplir la fuerte demanda en los complejos hoteleros y la construcción.
La organización destacó que aunque las autoridades maldivas han hecho avances en sus esfuerzos por prevenir la trata de personas, "el Gobierno no implementó medidas adecuadas para identificar y apoyar a las víctimas de trata".