De acuerdo a la recopilación de la organización, con sede en Madrid, desde febrero de 2021 hasta la fecha ha aumentado en 917 el número de personas privadas de la libertad por lo que Prisoners Defenders considera motivaciones políticas.

En el informe se señala que 794 prisioneros han sido procesados por las protestas antigubernamentales del 11 de juliopasado, cuatro más que la cifra dada a conocer por la Fiscalía General de Cuba.

De igual forma, en el listado de la ONG se alerta de que hay un total de 32 menores de edad en prisión (por distintos hechos), en donde destaca la presencia de un niño de 13 años, tres de 15 y nueve de 16.

Prisoners Defenders acusó por este motivo a Cuba de “hacer añicos” a la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que el país ha suscrito y lamentó el "silencio absoluto" a este respecto de la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Además de los 932 detenidos del listado, Prisoners Defenders reconoce a “otros 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, por cargos denominados en el Código Penal como ‘pre-delictivos’, es decir, sin delito".

En el listado también destacan activistas acusados por “trata de personas” y “terrorismo”, además de documentar casos de prisioneros que llevan casi 30 años en la cárcel.

La Fiscalía General de Cuba indicó en un comunicado del pasado 22 de enero que ha procesado a un total de 790 personas por hechos relevantes en relación con las protestas antigubernamentales del 11 de julio, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años.

Otros 27 tienen menos de 16 años, a los que se han aplicado medidas alternativas al no alcanzar la edad mínima penal.

La fiscalía aseguró asimismo que ha verificado el “cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso" pese a las "manipulaciones y matrices de opinión, que pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos".

Prisoners Defender criticó el escrito de la fiscalía y lo tildó de “político, repleto de faltas de precisión y términos ambiguos, en un intento de tratar de limitar lo ilimitable”.