“Las autoridades indias han perseguido a los activistas para hostigarlos y arrestarlos en lugar de investigar de manera imparcial las denuncias de que líderes del (partido gubernamental) BJP incitaron a la violencia y de que los agentes de policía fueron cómplices de los ataques”, afirmó en un comunicado la directora para el Sur de Asia de HRW, Meenakshi Ganguly.
Estos choques sucedieron en el contexto de manifestaciones mayoritariamente pacíficas contra una ley de ciudadanía promovida por el Gobierno nacionalista hindú del primer ministro, Narendra Modi, que busca naturalizar a inmigrantes irregulares de Pakistán, Bangladesh y Afganistán, pero desató protestas en todo el país durante meses por excluir a los musulmanes.
En febrero de 2020, un grupo de radicales hindúes lanzó una protesta para oponerse a la acampada pacífica contra la ley en una calle en el noreste de la capital, en la que se encontraban sobre todo mujeres musulmanas, desencadenando los choques violentos.
Durante una semana, la violencia interreligiosa se apoderó del noreste de Nueva Delhi provocando la muerte de 53 personas, entre ellas 40 musulmanes, detalló el texto.
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La organización denunció que esta agresión fue impulsada por varios altos cargos del BJP, "que llamaron abiertamente a la violencia" contra los manifestantes musulmanes.
Sin embargo, HRW criticó que las investigaciones policiales no se desarrollaron en esta dirección, sino que buscaron culpables entre los participantes de la "manifestación pacífica", que resultaron en la detención de 18 activistas --16 de ellos musulmanes-- por "formar parte de una "gran conspiración para difamar al Gobierno indio".
Todas las denuncias "son sospechosamente similares", prosiguió el comunicado, y se reducen a criminalizar varios mensajes difundidos por los arrestados en redes sociales, en los que llamaban a participar en las protestas pacíficas contra la Ley de Ciudadanía.
Aunque un tribunal de la capital concedió el pasado año la libertad bajo fianza a tres de ellos por falta de evidencias, el resto permanecen detenidos, criticó HRW.
Junto a ellos, las autoridades presentaron cargos contra los organizadores de la protesta y otros manifestantes, relacionados con los delitos de sedición, asesinato, intento de asesinato, promoción de la enemistad religiosa y daños a la propiedad pública, detalló, especificando que todos los acusados coinciden en ser "críticos con el Gobierno del BJP".
A pesar de que la policía ha registrado 758 denuncias sobre los choques intercomunitarios, las investigaciones siguen pendientes en más de la mitad de los casos, y solo 92 han llegado a juicio, criticó la organización.
En este sentido, HRW lamentó que las pesquisas policiales se han caracterizado por los "prejuicios, demoras, inexactitudes, falta de pruebas y falta de seguimiento".