La controversia se desató después de que el presidente de Pakistán, Arif Alvi, promulgase ayer una ordenanza que modifica un artículo de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos de 2016 (PECA), que aumenta de tres a cinco años la pena de prisión por difamar a cualquier persona o institución, incluidos el Ejército y el poder judicial.
El ministro de Justicia, Farogh Naseem, defendió que esta nueva enmienda a la ley da derecho a cualquier individuo a presentar una denuncia por difamación y lo calificó como una norma para "frenar las noticias falsas".
"No hay inmunidad para nadie, ya que esta ley es aplicable para todos", sentenció.
Yusuf Raza Gillani, ex primer ministro de Pakistán y líder del opositor Partido Popular de Pakistán (PPP), criticó hoy en una rueda de prensa esta decisión de las autoridades paquistaníes y anunció que presentarán un recurso para derogar esta nueva ley ante los tribunales.
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"Ellos (el Gobierno) están asustados y hacen leyes draconianas", indicó Gillani y agregó que con este tipo de leyes "están presionando a los medios, a los políticos y a la sociedad civil".
En este sentido, la vicepresidenta de la opositora Liga Musulmana de Pakistán (PML-N), Maryam Nawaz, cree que el objetivo del Gobierno paquistaní con esta nueva ley es "suprimir las voces de los medios y la oposición", según apuntó en Twitter.
También el Comité de Acción Conjunta de los Medios (JAC), formado por los principales organismos de medios de comunicación paquistaníes, rechazó en un comunicado estas "enmiendas draconianas" y advirtió de que cualquier intento de frenar la libertad de expresión será impugnado en los tribunales.
El presidente del Colegio de Abogados de la Corte Suprema, Ahsan Bhoon, mostró su desacuerdo con esta modificación y aseguró a Efe que "enmendar una ley a través de una ordenanza es inconstitucional y es un ataque a la libertad de prensa y expresión".
Esta ley contempla que el tribunal de primera instancia concluya el caso en un plazo de seis meses, y en el caso de que no lo logre dentro de ese plazo, deberá justificar la demora ante el tribunal superior correspondiente.
La Ley de Prevención de Delitos Electrónicos fue aprobada en 2016 bajo el mandato del PML-N, en medio de fuertes protestas de la oposición, entre los que se encontraba la ahora formación gobernante Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).