El colectivo, con sede en Madrid, aseguró en un comunicado que más de 5.000 personas han sido detenidas por estos sucesos, de las que 1.500 han sido procesadas.

Según los datos que ha podido recopilar esta ONG, que considera que suponen entre el 60 y el 70 % de los casos totales, en los últimos doce meses se ha pasado de 135 presos que califica de "políticos" a los actuales 1.007.

Entre estos detenidos hay 33 menores de edad, en su mayoría varones. Veinte han sido condenados, con una pena media de 7,3 años de privación de libertad, y a 8 se les ha subsidiado la condena por trabajos forzados sin internamiento o limitación de libertad.

Prisoners Defenders estima que al menos 629 prisioneros ya han sido sentenciados, de los que 257 han recibido penas de más de 10 años.

Además, calcula que 168 prisioneros han sido procesados por sedición, de los que 16 son menores de edad.

"Estas cifras son escandalosas, terroríficas, y sólo una parte de las cifras reales", estimó Prisoners Defender.

Las cifras de esta ONG, tomada por Human Rights Watch como referencia para Cuba, presentan discrepancias con los números oficiales.

La Fiscalía General de Cuba informó en enero que un total de 790 personas han sido procesadas en relación con los sucesos del 11 de julio, de los que 55 tenían en ese momento entre 16 y 17 años. En Cuba la edad penal mínima son los 16.

Además, indicó que con 27 niños de menos de 16 años se adoptaron otro tipo de medidas no penales.

La fiscalía subrayó que se está respetando el debido proceso en los juicios a los manifestantes del 11 de julio y argumentó que el uso de la categoría sedición fue necesaria en algunos casos por la gravedad de los hechos.