La directiva hecha pública hoy por Sanidad alerta a las regiones de las pautas necesarias para regular la situación sanitaria relativa al coronavirus de los refugiados ucranianos que lleguen a Italia debido a la guerra y que podrían ascender a unos 800.000 según los cálculos de asociaciones italo-ucranianas publicados por medios locales.
"En relación con la actual crisis en Ucrania y en previsión de los fenómenos migratorios resultantes a nuestro país, por favor alerte a las Autoridades Sanitarias Locales (ASL) con el fin de identificar y proporcionar y la provisión de los recursos necesarios para la realización de pruebas de diagnóstico (...) y para la administración de vacunas contra el COVID-19", se indica en el texto.
"Según los datos disponibles en el momento de redactar este informe, la cobertura de vacunación contra el COVID-19 en Ucrania se sitúa en torno al 35% de la población, una de las más bajas de Europa", se añade.
Además, para los ciudadanos procedentes de Ucrania, "independientemente de la ciudadanía, sin formulario digital de localización de pasajeros o certificación verde Covid-19, las ASL competentes dispondrán la realización de pruebas diagnósticas dentro de las 48 horas siguientes a la entrada, si no se hacen en el momento de la entrada en las fronteras nacionles.
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"Está claro que vamos a ofrecer la vacunación, pero lo que necesitan las personas que acuden a nosotros es un abrazo", dijo el subsecretario de Sanidad, Pierpaolo Sileri, al destacar que la vacunación será siempre opcional..
El estatus de refugiado "permite el acceso a nuestra asistencia sanitaria" y "no prevé la obligatoriedad del certificado sanitario", por lo que los refugiados podrán viajar en los transportes públicos, ya sean autobuses o trenes, tras "un control de seguridad", añadió Sileri.
En la directiva "se recomienda ofrecer la vacunación (...) a todos los sujetos s a partir de los 5 años de edad que declaren no estar vacunados o no estén en posesión de la documentación que certifique la vacunación, incluyendo la dosis de refuerzo para los sujetos a partir de los 12 años".
La normativa pide a las regiones también que presten "especial atención a la identificación temprana de personas con necesidades especiales y vulnerabilidades específicas, como los menores extranjeros no acompañados, las mujeres embarazadas y familias monoparentales".