La alta comisionada reportó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las conclusiones de su oficina en el periodo noviembre-febrero, y subrayó que desde su anterior informe en octubre "ha seguido recibiendo informes de violaciones de derechos humanos graves y a gran escala en las regiones de Tigray, Afar y Ahmara".
Bachelet mostró su preocupación por los ataques con explosivos y armamento pesado sobre áreas pobladas de civiles e infraestructuras esenciales tales como colegios o centros de salud, o por la expansión del conflicto a otras zonas del norte de Etiopía.
La alta comisionada mencionó en particular dos ataques aéreos lanzados en el Tigré por el ejército etíope, uno sobre el campo de refugiados de Mai-Aini y otro sobre el centro Dedebit para desplazados internos, que causaron la muerte de al menos 60 personas.
El pasado 24 de enero otra ofensiva por parte de las fuerzas tigrinas en la que se utilizó armamento pesado sobre áreas civiles de cuatro ciudades en la región de Afar, vecina del Tigré, dejó 844 civiles heridos y un número de muertos aún no confirmado, señaló Bachelet.
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El conflicto ha destruido parcial o totalmente numerosas escuelas y centros educativos, lo que afecta a unos dos millones de alumnos, y también ha causado graves daños a al menos 36 hospitales, apuntó la alta comisionada.
Esos ataques contravendrían las leyes humanitarias internacionales, que prohíben que infraestructuras civiles sean deliberadamente objetivo en un conflicto, denunció la alta comisionada, quien urgió al Gobierno etíope y las fuerzas opositoras del Tigray que detengan estas violaciones.
Bachelet también mostró su alarma por el alto número de detenciones en Etiopía desde la declaración del estado de emergencia decretado por el Gobierno, con más de 15.000 arrestos arbitrarios, en muchos casos de personas pertenecientes a la etnia tigrina.