En un comunicado, AI explica este martes que mostró al Ministerio de Interior español su preocupación por el caso de Benhlima, detenido y pendiente de que un juez autorice su trasladado a un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) para su expulsión, y exigió que se detenga la entrega.
En la actualidad hay al menos 290 presos encarcelados por motivos políticos en Argelia, que están recluidos en prisión preventiva o condenados por su activismo pacífico, subraya la ONG.
Amnistía se hace eco de las palabras de Amna Guellali, directora regional adjunta de la ONG para Oriente Medio y el Norte de África, en las que asegura que "las autoridades españolas son muy conscientes del sombrío destino que le espera a Mohamed Benhlima si lo deportan", ya que "en los últimos dos años, las autoridades argelinas han intensificado su descarada persecución de activistas en su intento de aplastar toda forma de disidencia".
Mohamed Benhlima --recuerda AI-- es un exfuncionario militar que hizo pública la corrupción entre los altos cargos militares de Argelia en 2019.
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Huyó a España en septiembre de ese año, tras conocer que su nombre estaba en una lista de militares buscados después de participar en el movimiento de protesta Hirak, y desde entonces ha pedido asilo tanto en España como en Francia.
En enero de 2021 fue condenado "in absentia" a diez años de prisión por compartir vídeos "online" que exponían la corrupción en el Ejército.
AI destaca que, en un caso similar, las autoridades españolas extraditaron en 2021 al exmilitar y solicitante de asilo Mohmed Abdellah, que estaba en España en 2018 tras haber acusado públicamente de corrupción a los militares argelinos, y al llegar a Argelia fue ingresado en un centro de alta seguridad, donde sigue recluido y ha denunciado torturas.