Así lo denunció este lunes en un comunicado la organización Human Rights Watch (HRW), que lamentó que esta ejecución masiva se haya producido pese a las "recientes promesas" de Riad para limitar el uso de la pena de muerte.
Activistas saudíes citados por HRW denunciaron que 41 de los ejecutados pertenecen a la minoría chií, un grupo que sufre una discriminación histórica y violenta por parte del Gobierno de Riad.
Michael Page, subdirector de HRW para Oriente Medio, indicó además que la "chocante insensibilidad" de Arabia Saudí en el trato a esta minoría se agrava en este caso ante el hecho de que "muchas de las familias descubrieron" la ejecución de sus seres queridos cuando ya se habían producido y a través de los medios.
El gobierno saudí informó el pasado día 12 de estas ejecuciones, la mayoría de las cuales fueron de ciudadanos saudíes, aunque también afectó a algunos yemeníes y un sirio.
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Según indicaron, las ejecuciones están relacionadas por la justicia saudí con el grupo terrorista Estado Islámico, aunque también con Al Qaeda e incluso con el movimiento chií yemení hutí, al que Arabia Saudí combate en ese país vecino y al que considera como una organización terrorista.
Pero entre los delitos cometidos por los condenados que enumera de forma general también se encuentran los de secuestro, violación, atraco, robo a mano armada, encubrir a personas buscadas por la justicia o incitar a la sedición.
Todos los condenados, siempre según el Ministerio de Interior, "fueron juzgados en los tribunales saudíes, en juicios supervisados por un total de 13 jueces en tres etapas distintas para cada individuo" y sus condenas fueron ratificadas por una corte de apelación.
Según HRW, solo tres de los 41 chiíes ejecutados lo fueron por delitos de asesinato, mientras que otros lo fueron por delitos como "obstrucción al arresto" o "incitar conflictos y difundir el caos".
Asimismo, la organización con sede en Nueva York denunció que en al menos cinco de los casos que pudo analizar, los juicios estuvieron marcados por violaciones al debido proceso, entre ellos el hecho de que todos los condenados denunciaron haber sido torturados durante los interrogatorios y que sus confesiones fueron obtenidas a la fuerza.
Al calor de estas ejecuciones, HRW denunció también que Arabia Saudí emplea una "estrategia deliberada" para lavar su imagen como un "pertinaz violador de los derechos humanos" , empleando miles de millones de dólares para organizar eventos globales con celebridades, artistas y atletas para "blanquear su pobre registro en derechos humanos y desviar los esfuerzos para que su liderazgo sea tenido como responsable de esos abusos".
"Las celebridades internacionales que buscan beneficiarse de los esfuerzos de las autoridades saudíes para lavar su sangrienta reputación, deberían considerar esta última parodia de justicia, la ejecución masiva de 81 personas y preguntarse si realmente merece la pena", indicó Page.
El año pasado, Amnistía Internacional aseguró en su informe anual que Arabia Saudí, un país musulmán ultraconservador cuya justicia se basa en el Corán y la ley islámica, ejecutó en 2020 a 27 personas, una reducción considerable respecto a las 184 del año anterior.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, condenó estas ejecuciones y denunció que muchas de las sentencias se habían dictado en juicios sin el debido proceso.
Las ejecuciones en Arabia Saudí se efectúan por decapitación con sable.