La agencia de noticias Tasnim mostró un vídeo de Zaghari-Ratcliffe subiendo al avión en el que dejaba Irán, donde fue condenada en 2016 a cinco años de cárcel por delitos contra la seguridad del Estado.
Al concluir esa pena, Zaghari-Ratcliffe afrontó un nuevo juicio en el que fue sentenciada en 2021 a otro año de cárcel por otro supuesto delito de propaganda.
Durante el encierro de Zaghari-Ratcliffe se especuló con que su detención estaba vinculada con una deuda que el Reino Unido tenía con Irán desde hace más de cuarenta años, cuando el sah Mohamad Reza Pahlaví compró 1.500 tanques por valor de 400 millones de libras esterlinas que nunca fueron entregados.
Poco después de la liberación de la británico-iraní, el Reino Unido anunció el pago de la deuda.
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Junto a ella ha sido liberado también Ashoori, quien fue detenido en 2017 y condenado en 2019 a una pena de 10 años de cárcel por cargos de espionaje, presuntamente por trabajar para el Mossad israelí.
OTROS PRESOS
La salida de Irán de Zaghari-Ratcliffe y de Ashoori es un logró diplomático para el Reino Unido, pero otros presos con doble nacionalidad siguen presos en el país persa que han sido calificados como "peones políticos” y "víctimas de crueles juegos políticos”.
Así, el británico-iraní Morad Tahbaz, sentenciado en 2019 a 10 años por colusión contra la seguridad nacional y espionaje, ha recibido un permiso para salir de la cárcel hoy mismo, pero no podrá dejar aún Irán.
Otro preso con doble nacionalidad británico-iraní que sigue en el país persa es el activista de derechos laborales Mehran Raoof, condenado en 2021 a 10 años de cárcel por cargos relacionados con el espionaje.
A él se suman al menos tres ciudadanos estadounidenses que se encuentran presos en Irán: Baquer Namazi, su hijo Siamak Namazi y Emad Shargi.
Baquer, de 84 años, fue condenado a diez años de cárcel en 2016 por espionaje, tras viajar a Irán para tratar de liberar a su hijo Siamak, condenado a la misma pena por igual motivo.
Por su parte, el empresario Emad Shargi fue condenado a 10 años de prisión por espionaje en 2020.
La antropóloga franco-iraní Fariba Adelkhah fue condenada en 2020 a cinco años de prisión por "colusión para atentar contra la seguridad nacional" y desde octubre de 2021 se hallaba bajo arresto domiciliario en Teherán.
A estos presos se suman los austríaco-iraní Kamran Ghaderi y Massud Mossaheb; la iraní-alemana Nahid Taghavi; el sueco-iraní Ahmad Reza Jalali o el canadiense-iraní Abdolrasoul Dorri Esfahani.
El también sueco-iraní Ahmadreza Djalali fue arrestado en 2016 por supuestamente espiar para Israel y condenado a muerte en 2017 por “propagar corrupción".
El último caso de una condena a un occidental fue el del francés Benjamin Brière sentenciado en enero a ocho años de cárcel por espionaje por tomar fotografías con un dron cerca de la frontera iraní con Turkmenistán y a ocho meses por propaganda contra el régimen.
En realidad se desconoce el número real de presos con doble nacionalidad encarcelados en Irán.
PEONES POLÍTICOS
Teherán, que no reconoce la doble nacionalidad, defiende que su sistema judicial es independiente y justo.
Pero Washington, Londres, París y Amnistía Internacional han denunciado que estas personas son "peones políticos", condenadas por acusaciones "totalmente arbitrarias" y "víctimas de crueles juegos políticos”.
Así, la República Islámica de Irán ha sido acusada de usar a estos presos como palanca de presión o para intercambio de prisioneros con otros países, una práctica bastante habitual.