Ruth López, jefa de área de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, indicó a periodistas que la reforma del Código Procesal Penal no establece "límites", por lo que "podría llegar a usarse de una manera arbitraria".
La demanda de inconstitucionalidad indica que la creación de esta figura se hizo en una normativa general, con lo que "se evaden los controles y límites establecidos" en una ley especial de escuchas telefónicas.
López advirtió que si se utilizan los agentes digitales encubiertos sin una autorización judicial, podría "contaminarse" las pruebas en eventuales procesos penales.
"No encontramos razón jurídica para este tipo de reformas", agregó la letrada y señaló que pidieron como medida cautelar que se suspenda su entrada en vigor o que se ordene a la Fiscalía que pida autorización judicial en los casos en los que pretenda utilizar la medida.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Castro Fagoaga, indicó a finales de enero que lo que preocupa "es el abuso y las arbitrariedades" que la Fiscalía y Policía "puedan hacer con estas investigaciones".
"De alguna forma, lo que se está legalizando es el espionaje", apuntó Castro y recordó los casos de periodistas y activistas de derechos humanos supuestamente espiados mediante el programa informático Pegasus.
Amnistía Internacional indicó a mediados de enero que verificó el "uso del programa Pegasus para vigilancia de periodistas" y activistas de derechos humanos en El Salvador.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó el miércoles una audiencia sobre "la situación de los derechos humanos en el contexto de la vigilancia cibernética en El Salvador".
Defensores de derechos humanos y periodistas denunciaron que fueron víctimas de espionaje mediante Pegasus y la aprobación de reformas que consideran criminalizan su labor de investigación.