"La Asamblea Popular, en su sesión (...) celebrada hoy bajo el liderazgo del presidente de la Cámara, Hamouda Sabbagh, aprobó el proyecto de ley que incluye la criminalización de la tortura y que se ha convertido en legislación", informó la agencia oficial de noticias siria SANA.
La nueva ley define el concepto entendido como tortura y estipula una serie de castigos para quienes la perpetren, agregó SANA, sin precisar cuáles son las penas.
Siria es uno de los países signatarios de la convención de la ONU contra esta lacra y su Constitución ya prohibía que fuese puesta en práctica, pero requería el establecimiento un castigo concreto para quienes no respetasen la norma, de acuerdo con la agencia oficial.
Por otro lado, el presidente sirio, Bachar al Asad, emitió también hoy un decreto con una serie de enmiendas al Código Penal para abolir la pena de trabajos forzados e imponer condenas de al menos seis meses de cárcel a quienes difundan información "falsa o exagerada que mine el prestigio del Estado".
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El castigo se aplicará también a los medios de comunicación que "mejoren la imagen de un Estado hostil comprometiendo la posición del Estado sirio", dijo SANA en otra de sus informaciones.
Los órganos de seguridad e inteligencia del Gobierno sirio han sido acusados repetidamente de someter a sus oponentes a detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, torturas e incluso ejecuciones extrajudiciales.
Hace un año, coincidiendo con el décimo aniversario del estallido de las revueltas populares contra el régimen de Al Asad y el inicio del conflicto, una comisión de investigación de la ONU concluyó que "el Gobierno de Siria arrestó y detuvo arbitrariamente a individuos, y cometió crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el contexto de la detención".
Según el órgano, "decenas de miles" de civiles que fueron hechos desaparecer por las fuerzas gubernamentales a lo largo de la guerra desencadenada en 2011 seguían diez años después en paradero desconocido y se cree que muchos de ellos han muerto, han sido ejecutados o continúan detenidos "en condiciones inhumanas".
El pasado enero, el ex alto mando sirio Anwar Raslan fue condenado a cadena perpetua en un histórico juicio en Coblenza (sur de Alemania) por cerca de 4.000 presuntos casos de tortura y 58 asesinatos ocurridos cuando era jefe de Interrogatorios en un centro de detención de los servicios de Inteligencia en Damasco.