La sombra de la corrupción en los órganos de gobierno de Madrid planea durante esta semana con fuerza en torno a ese polémico caso que salió estos días a la luz sobre el beneficio millonario que obtuvieron dos empresarios españoles por haber servido de intermediarios en la compra de material sanitario al comienzo de la crisis del coronavirus, cuando la mayoría de los españoles cumplían un confinamiento obligatorio.
Esos dos empresarios son Alberto Javier Luceño y Luis Medina Abascal, este último un reconocido personaje de la alta sociedad española, heredero de uno de los títulos nobiliarios más prestigiosos de España.
La Fiscalía imputa a los dos empresarios los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales por tres contratos de emergencia municipales (6,6 millones de dólares para 1 millón de mascarillas; 4,2 millones para comprar 250.000 test rápidos, y 5 millones para 2,5 millones de pares de guantes) por un valor de unos 12 millones de dólares concedidos a la empresa Leno.
El material, además de muy caro respecto a los precios de mercado, era defectuoso o de peor calidad que la contratada.
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No obstante, cobraron una comisión de seis millones de euros, con el que adquirieron varios automóviles de alta gama, una vivienda por 1,1 millones de euros, un yate o relojes de lujo, lo que Martínez Almeida calificó como "indignante", pero se justificó diciendo que lo han sabido "a posteriori".
EL AYUNTAMIENTO JUSTIFICA LA COMPRA DEL MATERIAL
El regidor madrileño justificó la compra del material y el precio tan elevado que pagaron por la emergencia que se vivía, con centenares de muertos diarios debido a la covid-19.
El juzgado que investiga las comisiones de los dos acordó hoy nuevas diligencias para aclarar un caso que presiona al alcalde, el conservador José Luis Martínez-Almeida, quien este viernes reconoció que no es una "situación fácil".
Ayer, ese juzgado admitió a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra estos dos empresarios, a los que imputa delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales en relación con este contrato.
El juez que investiga la querella citó hoy a Luceño y Medina para que declaren el próximo día 25 y, a petición de la Fiscalía, embargará bienes de lujo de los querellados para asegurar la recuperación del presunto dinero estafado.
Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, Luceño y Medina se embolsaron comisiones por importe de más de 6 millones de dólares por contratos de mascarillas, test y guantes por los que el Ayuntamiento pagó 11,9 millones de euros. Con ese dinero adquirieron varios coches de alta gama, una vivienda en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón o un yate.
EL ALCALDE SE DEFIENDE
En declaraciones a los medios, Martínez Almeida dio cuenta de que el Ayuntamiento de Madrid ya se ha personado en el procedimiento.
“El Ayuntamiento ya se ha personado, se nos notificó ayer y se ha presentado, por tanto, el escrito personándonos ante el juzgado, por supuesto, con la firme voluntad de ejercer todas las acciones para restituir hasta el último céntimo que se pudiera haber estafado al Ayuntamiento de Madrid”, señaló hoy el alcalde.
El regidor de Madrid negó que se le diera trato de favor a Luis Medina por ser 'famoso', y explicó que "hubo dos correos electrónicos" del empresario, recibidos los días 18 y 19 de marzo de 2020, y que fue a partir de ahí cuando se produjo contacto telefónico con él.
Desde el conservador Partido Popular (PP) expresaron su respaldo a Martínez Almeida, que fue portavoz nacional de la formación hasta hace un tiempo, y el nuevo líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, mostró su confianza en el alcalde.
La sombra de la corrupción regresa así a las instituciones madrileñas, después de que hace unos meses la polémica se desatara en torno a un supuesto trato de privilegio por parte de la presidenta regional madrileña, la también conservadora Isabel Díaz Ayuso, a su hermano, precisamente también en la compra de material sanitario durante los peores meses de la pandemia.