"Hay un uso irregular de la fuerza pública, se esta utilizando personal civil que está siendo dotado con equipamiento policial y esa cuestión está haciendo desde el punto de vista de la conflictividad social que escale a un nivel de crisis", declaró a Efe el asesor legal de la comunidad campesina, Alexander Anglas Quiroz.
Terrenos de Las Bambas, propiedad de la empresa china MMG y productora del 2 % del cobre mundial, fueron ocupados desde el pasado 14 de abril por comuneros de Fuerabamba y Huancuire, pueblos cercanos al asentamiento minero, como protesta ante supuestos compromisos incumplidos por parte de la empresa desde 2014, cuando los vendieron para las operaciones extractivas.
Este miércoles, el mismo día del desalojo, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, durante un periodo de 30 días, lo que permitió a la Policía Nacional asumir el control de la zona con apoyo de las Fuerzas Armadas.
A pesar de ello, el Gobierno peruano negó este jueves haber intervenido en el desalojo y afirmó que la Policía Nacional actuó directamente "en el marco de la ejecución de una 'defensa posesoria extrajudicial' tramitada por la empresa" y que se encuentra "regulada en Código Civil".
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USO DE PERSONAL CIVIL
Anglas Quiroz señaló, al respecto, que han "podido constatar el uso de armas de fuego de largo alcance contra comuneros y de bombas lacrimógenas vencidas".
"Han estado utilizando personal civil equipado con implementos policiales, armas, escudos, chalecos antibalas, eso es totalmente irregular, abiertamente irregular y contradice todo el marco normativo que ordena el actuar de la PNP", denunció.
El asesor legal aseguró que desde la comunidad campesina que representa piden "la derogación del estado de emergencia", que consideran inconstitucional, y también exigen "que se respete el territorio ancestral de las comunidades".
Además dijo que es necesario "intermediar y generar espacios de consenso entre el Estado, la empresa minera y la comunidad para evitar ese tipo de desalojos violentos" y lamentó que desde el Ejecutivo se esté "avalando" a la minera.
La comunidad de Huancuire se opuso el pasado marzo a un nuevo proyecto de extracción de MMG en terrenos de la zona de Challcobamba, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en un territorio adquirido por la minera en 2013.
HERIDOS Y DETENIDOS
En el desalojo del miércoles, según transmitieron medios locales, los agentes usaron gas lacrimógeno para dispersar a los comuneros, quienes respondieron con piedras, lo que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, dejó un saldo de 14 civiles y 4 efectivos policiales heridos, pero ningún detenido.
Estas cifras, sin embargo, fueron diferentes a las ofrecidas por la Policía Nacional, que este jueves informó que resultaron heridas cuatro personas y otras once fueron detenidas.
Además, el diario La República denunció que uno de sus periodistas fue detenido por la Policía cuando cubría el desalojo de los comuneros y su cámara, teléfono móvil y documentos fueron incautados.